La Contraloría General de la República detectó un desvío de más de 15.000 millones de pesos de regalías destinadas a la innovación agroindustrial en el Atlántico, canalizados a 82 beneficiarios, de los cuales 79 no pertenecían al sector agroindustrial. El hallazgo, que forma parte de un informe de auditoría, expone fallas en la trazabilidad y el control de un proyecto ejecutado por la Gobernación del Atlántico con el objetivo de fortalecer la capacidad innovadora de micro, pequeñas y medianas empresas del sector.
Entre los datos clave se confirma que el programa fue aprobado el 12 de noviembre de 2019 por el Ocad de Ciencia y Tecnología del Atlántico y contemplaba bonos o vouchers de innovación de hasta 40 millones de pesos y una bolsa de proveedores, administrados con supervisión de la Secretaría de Desarrollo Económico y bajo la auditoría de la Contraloría. La ejecución del programa se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y febrero de 2023, periodo durante el cual Funcesi, la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación, recibió 14.385 millones de pesos para operar el programa. De las 82 beneficiarias identificadas, 29 no renovaron su matrícula para 2025, un indicio que reduce el alcance de la iniciativa en el corto plazo.
El desvío total se ubica en más de 15.000 millones de pesos y el informe detalla que 3 entidades se encuentran en liquidación o bajo medidas cautelares. Aunque se esperaba lograr una meta de ventas que representara un incremento del 0,93 por ciento en las ventas de las beneficiarias, el informe señala caídas en resultados reales, destacando que dos empresas agroindustriales que sí cumplían con los requisitos registraron una caída de facturación del 48 por ciento entre 2023 y 2024. El esquema combinaba bonos individuales de hasta 40 millones y una bolsa de proveedores, pero la trazabilidad de los fondos y la adecuación de la selección de beneficiarios a la finalidad original del programa quedan en cuestión en la documentación disponible.
El proyecto nació como un programa aprobado por el Ocad para fortalecer MIPYMES agroindustriales mediante capacitación y vouchers de innovación, con la promesa de impulsar la competitividad del sector. Sin embargo, el hallazgo administrativo ha generado dudas serias sobre la gobernanza, la rendición de cuentas y la efectividad de la intervención, con anticipación de posibles medidas disciplinarias y fiscales para las entidades involucradas y para la Secretaría de Desarrollo Económico y Funcesi, que operó el programa durante el periodo analizado. La Contraloría, en su revisión, subraya la necesidad de responder a las dudas de trazabilidad y de exigir respuestas claras por parte de las autoridades regionales para frenar eventuales irregularidades futuras.
Entre los datos secundarios que emergen del informe figuran sedes y entidades que no guardan relación con la agroindustria o con el objetivo inicial del programa, como Basculas y Balanzas de la Costa en Santa Marta; Sierra Coffee, también en Santa Marta; Vinal Colombia en Bogotá; Macom Rental en Bogotá; y la Corporación Centro de Innovación Anfibio en Bolívar. Asimismo, la lista incluye empresas señaladas sin vínculo claro con la agroindustria, como Carhaz Óptical S.A.S. en Barranquilla, centros neurológicos y otras firmas, así como casos de interés jurídico, como 29 de 82 beneficiarias que no renovaron matrícula para 2025 y tres entidades en liquidación o bajo medidas cautelares, lo que subraya la magnitud de las dudas sobre la compatibilidad de los destinatarios con el objetivo de la iniciativa.
La duda sobre la trazabilidad y las respuestas institucionales
La auditoría subraya la necesidad de reforzar la transparencia en la asignación de los bonos y la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Económico, para evitar que recursos orientados a impulsar la innovación agroindustrial terminen llegando a fines ajenos al propósito original. Aunque Funcesi operó el programa entre 2020 y 2023, el monto pagado y la selección de beneficiarios no parecen haber estado suficientemente atados a criterios técnicos que aseguren beneficios reales para las MIPYMES agroindustriales, lo que explica la erosión de la confianza pública y la apertura de procesos de responsabilidad administrativa para las entidades involucradas.
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En resumen, este hallazgo administrativo expone grietas institucionales que permiten que recursos destinados a fortalecer la innovación agroindustrial terminen canalizados a fines distintos, generando incertidumbre sobre la gestión pública y la rendición de cuentas. Las autoridades deben entregar respuestas claras y rápidas sobre las medidas disciplinarias y fiscales que correspondan, así como sobre los mecanismos de trazabilidad que aseguren que futuras inversiones lleguen efectivamente al sector para el que se diseñaron.
