La Contraloría General de la República ordenó una revisión prioritaria de cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por un valor conjunto superior a los 20.783 millones de pesos, tras conocerse denuncias sobre fallas técnicas, incumplimientos y sobrecostos en equipos estratégicos para la seguridad del Estado. El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, anunció la medida este 9 de noviembre, luego de que Noticias Caracol revelara un informe de empalme de la DNI que cuestionaba duramente la contratación de la entidad, incluyendo sistemas de inteligencia que presentan serios problemas de funcionamiento.
La actuación de vigilancia y control fiscal prioritario se centrará en revisar la totalidad de los soportes documentales de los contratos señalados, entre los que se destacan la adquisición de un helicóptero no tripulado por cerca de 9.000 millones de pesos y tres sistemas antidrones por aproximadamente 8.340 millones de pesos. La Contraloría solicitará los estudios previos, informes de supervisión e interventoría, actas de recibo, soportes de pago y garantías de cada uno de los procesos, con el fin de establecer si los recursos públicos fueron utilizados de manera eficiente y transparente.
Equipos con fallas técnicas y siniestros reportados
Entre los hallazgos más preocupantes que motivaron la revisión se encuentra el caso del helicóptero no tripulado, cuyo informe técnico de agosto de 2025 ya detectaba fallas en los sistemas de comunicaciones, combustible, caja de engranajes y motor. Meses después, el 15 de marzo de 2026, la aeronave sufrió un siniestro, y la DNI informó a la aseguradora HDI el 13 de abril del mismo año sobre la revisión de las causas del accidente. El seguro de este equipo ascendió a 900 millones de pesos, equivalentes al 10% de su valor de adquisición.
Además, se incluye en la revisión el contrato 053 de 2022, por 580 millones de pesos, destinado a un sistema de identificación biométrica que, según el informe de empalme, no habría entrado en funcionamiento. También será analizado el contrato 043 de 2024, por 1.314 millones de pesos, para la adquisición de 595 computadores, y la compra de mobiliario para las instalaciones de la DNI en Funza, que representó un desembolso de aproximadamente 1.549 millones de pesos. La Contraloría evaluará igualmente el estado del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), versión 2, cuyo valor no fue precisado.
Advertencia del contralor sobre el uso de recursos públicos
El contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, fue enfático al señalar que la seguridad nacional no puede ser una excusa para eludir controles sobre el gasto público. “La seguridad nacional no puede convertirse en una excepción al deber de proteger los recursos públicos”, afirmó el funcionario, quien agregó que “cada peso invertido debe responder a una necesidad legítima, cumplir una finalidad pública y producir resultados verificables”.
La Contraloría aclaró que la apertura de estas verificaciones no implica, de manera preliminar, la existencia de irregularidades ni responsabilidades individuales. Sin embargo, advirtió que si durante el proceso se identifica un detrimento patrimonial, se iniciarán las actuaciones fiscales correspondientes. En caso de encontrar indicios de relevancia penal o disciplinaria, el caso será remitido a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General de la República, respectivamente.
