El contratista manizaleño Álvaro Arcila ha denunciado públicamente un presunto esquema de favoritismos y corrupción en la licitación por 4.500 millones de pesos para la realización de construcciones en la Base Militar La Pedrera, ubicada en el Amazonas. Arcila, quien resultó ganador del contrato tras la descalificación de varios competidores por la presentación de documentos falsos, enfrentó múltiples obstáculos administrativos que le impidieron recibir el anticipo correspondiente del 30 por ciento, equivalente a 1.300 millones de pesos, lo que lo obligó a financiar la obra con cerca de 2.000 millones de sus propios recursos.
La denuncia, respaldada por su asesor jurídico Gustavo Correa, apunta a un sistema de preferencias hacia empresas cercanas a altos mandos del Ejército Nacional y contratistas habituales, donde funcionarios supervisores habrían trabajado previamente con las compañías inicialmente seleccionadas. Arcila ganó la licitación gracias a la descalificación de otros oferentes, pero inmediatamente se implementaron procedimientos sancionatorios en su contra para forzar su salida del proyecto, en medio de una licitación reciente marcada por irregularidades detectadas en auditorías del Comando de Ingenieros por presunto direccionamiento de contratos.
Intervención de autoridades y limitaciones en auditorías
La denuncia fue remitida a la Fiscalía 212, mientras que el Ejército Nacional abrió procesos sancionatorios contra Arcila y la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia por posibles daños patrimoniales al Estado. Estas acciones coinciden con limitaciones en las auditorías de terreno durante 2024, impedidas por problemas de orden público en La Pedrera, en un contexto de crisis de seguridad en regiones como Catatumbo y Guaviare, donde un proveedor fue descalificado previamente por denuncias de corrupción.
Este caso expone las tensiones en la gestión de contratos militares en zonas remotas y conflictivas, donde el favoritismo a empresas vinculadas a funcionarios podría comprometer la ejecución de obras estratégicas. Arcila insiste en que su experiencia revela un patrón de prácticas irregulares amparadas por influencias internas, demandando una investigación exhaustiva para garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
Información basada en reportes de Semana, Colprensa, Ejército Nacional y Reuters.
