Los contratos actuales de recolección de basuras en Bogotá culminarán el 11 de febrero de 2026, lo que dará paso a una fase de libre competencia que genera gran incertidumbre, especialmente en las zonas periféricas y de difícil acceso. Armando Ojeda, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) desde septiembre de 2025, junto al alcalde Carlos Fernando Galán y el Concejo Distrital, alertan sobre el fin de los contratos con las operadoras actuales y la sustitución de las Áreas de Servicios Exclusivos (ASA) por un nuevo modelo en el que las empresas definirán libremente sus áreas, rutas y tarifas, siempre y cuando se realicen licitaciones tras la aprobación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
La ciudad genera entre 6.500 y 8.000 toneladas diarias de basura, que son enviadas al Relleno Sanitario Doña Juana, y cerca de 300.000 usuarios podrían quedar en riesgo de no recibir el servicio adecuado durante la transición. Las operadoras actuales se han comprometido a continuar operando hasta que se resuelvan las licitaciones, pero el inminente fin de los contratos ha encendido las alarmas en el Concejo Distrital y la Uaesp, ante el posible vacío en la cobertura que afectaría la salud pública, particularmente en localidades alejadas.
Riesgos de Vacío en el Servicio y Medidas de Contingencia
El proceso requiere una actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y la verificación de motivos por parte de la CRA antes de lanzar las licitaciones, que podrían extenderse hasta un año. En los próximos 73 días, se intensificarán los esfuerzos para evitar interrupciones, aunque persiste el temor a una intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios si no se garantiza la continuidad.
“Si bien hay una creciente producción de residuos, también se trabaja en una mayor recolección de estos”
Armando Ojeda, director de la Uaesp
Esta transición representa un desafío clave para la administración de Galán, quien debe equilibrar la competencia libre con la cobertura universal para evitar crisis sanitarias en la capital, mientras el Concejo Distrital presiona por soluciones rápidas que protejan a los barrios más vulnerables.
