En medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella, se ha desatado una fuerte controversia por la adjudicación de diez contratos de obra y seis de interventoría del Instituto Nacional de Vías (Invías) para vías terciarias en La Guajira, por un valor total de 3,2 billones de pesos. La ministra de Transporte saliente, María Fernanda Rojas, y la designada, Elsa Noguera, protagonizan el debate, mientras el director del Invías, Juan Guillermo Jiménez, defiende la legalidad del proceso, y el movimiento Defensores de la Patria, liderado por el presidente electo, cuestiona la oportunidad y el impacto fiscal de la decisión.
Los contratos, que comprometen vigencias futuras hasta 2035, están destinados a los municipios de Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure, en el departamento de La Guajira. Las obras suman 3,1 billones de pesos —siete contratos para Uribia por 2 billones y tres para Riohacha, Maicao y Manaure por 1,1 billones—, mientras que la interventoría asciende a 204.000 millones de pesos. La polémica estalló después de que el equipo entrante solicitara al Gobierno de Gustavo Petro abstenerse de firmar estos contratos durante el empalme, argumentando que comprometen recursos públicos hasta 2035 y afectan fiscalmente a la próxima administración.
«Las vías terciarias serán una prioridad de la #PatriaMilagro. Pero lo que muchos colombianos tienen derecho a preguntarse es por qué, a pocos días de terminar su mandato, el Gobierno saliente adjudica contratos del INVÍAS por más de $3,2 billones de pesos, comprometiendo recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035», afirmó Elsa Noguera, ministra de Transporte designada.
Elsa Noguera, ministra de Transporte designada
En respuesta, la ministra saliente, María Fernanda Rojas, defendió la legalidad de los procesos y recordó que estos proyectos cumplen con una sentencia de la Corte Constitucional. «Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan», señaló Rojas. Además, subrayó que la inversión responde a la sentencia T-302 de 2017, que desde hace nueve años ordena inversiones en La Guajira para atender las necesidades de las comunidades wayuu.
«Resulta completamente equivocado afirmar que contratos de esta magnitud puedan estructurarse, licitarse y adjudicarse en pocos días. Estos procesos comenzaron hace varios meses, cuentan con estudios técnicos, jurídicos y financieros, y han cumplido cada una de las etapas previstas por la ley», sostuvo Juan Guillermo Jiménez, director general del Invías.
Juan Guillermo Jiménez, director general del Invías
El director del Invías explicó que la estructuración de los proyectos inició en diciembre de 2025, en el marco del Conpes 4161, que destinó cerca de 3,5 billones de pesos para las comunidades wayuu. También sugirió que los cuestionamientos se evitarían si el proceso de empalme no hubiera sido suspendido por Abelardo De La Espriella. La ministra saliente, por su parte, recordó que su gobierno ejecutó contratos con vigencias futuras firmados en la administración de Iván Duque por 15 billones de pesos, lo que evidencia una práctica habitual en la contratación pública.
El movimiento Defensores de la Patria anunció que revisará la participación de varias empresas en los consorcios adjudicatarios y el nivel real de competencia en la licitación. La decisión final sobre si se firman o no los contratos definirá no solo el destino de la inversión en infraestructura vial terciaria en La Guajira, sino también el margen fiscal del próximo gobierno, que deberá asumir compromisos hasta 2035 en medio de un escenario de empalme marcado por las tensiones políticas.
