En una decisión que sacude el esquema de seguridad presidencial, el coronel de la Policía Nacional Jorge Alberto Delgado Montoya fue retirado de la custodia del presidente Abelardo de la Espriella por instrucción directa del área de talento humano de la institución. La medida se produjo apenas 18 días después de que el equipo de protección quedara completamente conformado, en medio de una investigación judicial que vincula al oficial con un presunto tráfico de influencias y el manejo irregular de municiones, armas y explosivos. Según fuentes oficiales, el coronel no contaba con autorización para portar armas ni para ocupar cargos operativos, pese a que durante ese tiempo desempeñaba funciones estratégicas dentro del dispositivo de seguridad del mandatario.
La investigación, que ha sido revelada por el expediente judicial al que tuvo acceso El Tiempo, señala que el coronel Delgado, en su calidad de jefe de seguridad y luego subdirector de la Dirección de Talento Humano (DITAH), habría trabajado de la mano con el médico cirujano Gerardo Andrés Serrano Pineda para desviar munición oficial entre 2002 y 2025. Ese material habría sido utilizado en prácticas de tiro con particulares en polígonos privados, e incluso en fiestas organizadas en esos mismos escenarios. La trama salió a la luz el 19 de enero de 2025, cuando Serrano fue capturado en un polígono de Guasca, Cundinamarca, en posesión de armas y municiones. Meses después, el 26 de mayo de 2025, la Fiscalía ejecutó la operación Ares, que concluyó con la detención de cinco personas, entre ellas el intendente jefe Fabián Cuestas, quien habría llamado al coronel Delgado para que intercediera por el caso ante los uniformados que realizaban el control, sin éxito. Según el expediente, Cuestas señaló que Delgado estaba con ellos esa noche, pero se habría «abierto» antes del puesto de control.
La versión del coronel Delgado
Frente a las graves acusaciones, el coronel Delgado emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilegales. «Es fundamental precisar que la existencia de ese registro no equivale, bajo ninguna circunstancia, a la existencia de una condena, una responsabilidad penal establecida ni a una investigación vigente por tráfico de armas», afirmó. En su defensa, el oficial sostuvo que «nunca he puesto mi cargo al servicio de terceros ni he utilizado la confianza depositada en mí para obtener beneficios indebidos». Además, al referirse a su paso por el equipo de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, Delgado expresó: «Para mí fue un honor acompañarlo durante el tiempo en que tuve esa responsabilidad y poder conocer de cerca su coraje, su compromiso con Colombia, su integridad y su decisión de trabajar por el país».
«Rechazo categóricamente cualquier información falsa que pretenda vincularme con actividades ilegales, grupos al margen de la ley o conductas contrarias a mis principios y a mi deber institucional»
Jorge Alberto Delgado Montoya, coronel de la Policía Nacional
El coronel Delgado había sido secretario privado del general William Rincón, saliente director de la Policía Nacional, y cumplía funciones de enlace con el equipo de seguridad del exalcalde Carlos Caicedo. También acompañó al presidente De la Espriella en visitas a zonas afectadas por el terremoto. A pesar de que ya pesaban sobre él restricciones para portar armas y ocupar cargos operativos, continuó desempeñando puestos estratégicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre los controles internos de la institución. En respuesta a un derecho de petición de la revista Semana, la Policía Nacional confirmó que el oficial no registra ninguna investigación disciplinaria activa. Delgado, por su parte, aseguró que el único proceso en su contra es una noticia criminal inactiva de hace unos diez años por una presunta estafa de menor cuantía, originada por una suplantación de identidad.
La salida del coronel Delgado del esquema de seguridad presidencial abre interrogantes sobre los protocolos de selección y supervisión del personal encargado de proteger al jefe de Estado, mientras la Fiscalía continúa con la operación Ares para esclarecer el desvío de municiones y las posibles redes de influencias al interior de la Policía Nacional.
