Un escándalo de infiltración y corrupción sacude las entrañas del Ejército colombiano. Un coronel en servicio activo, identificado únicamente bajo el alias de ‘Gómez’, es señalado por la Fiscalía General de la Nación como un topo al servicio de la disidencia armada. Según la investigación, este oficial habría filtrado información estratégica sobre operativos militares y movimientos de tropas a cambio de un pago mensual de 60 millones de pesos. Los hechos, que involucran a la estructura criminal liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, se habrían desarrollado en el departamento del Tolima, específicamente en el área de influencia del batallón Domingo Caicedo, en el municipio de Chaparral.
La trama de corrupción salió a la luz gracias a los testimonios de exguerrilleros que colaboran con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las pesquisas revelan que el coronel ‘Gómez’ no se limitaba a entregar datos básicos; su labor incluía advertir con antelación sobre los operativos programados, informar sobre los traslados de las unidades militares conocidas como ‘Meteoro’ y detallar las denuncias interpuestas por víctimas de extorsión. Para burlar la vigilancia de la inteligencia militar, el oficial instruía a sus contactos en la disidencia sobre cómo cambiar de equipos móviles y antenas, evitando así la detección por parte de las autoridades. El intermediario clave en esta red de comunicaciones era Alexis Guerra, alias ‘Cancharino’, quien tras su muerte, dejó la administración de los pagos en manos de alias ‘Efrén’, asegurando la continuidad del soborno.
Inteligencia y decisiones políticas en medio del conflicto
El expediente de la Fiscalía, que aún no revela la identidad real del coronel ni confirma si continúa en servicio activo, también detalla cómo la información privilegiada tuvo consecuencias fatales. En una ocasión, una alerta del oficial permitió que alias ‘Marcos’, un cabecilla de la disidencia, evadiera con éxito un cerco militar montado en su contra. Esta capacidad de penetración en las filas castrenses ha generado una profunda preocupación en la cúpula militar. En un giro que ilumina la complejidad del caso, las declaraciones de los exguerrilleros recogen una frase que el coronel habría pronunciado tras la muerte de ‘Cancharino’: “Ese hombre lo comprometió y lo hizo matar y se entregó al ejército. Pero no se preocupen, muchachos, que yo tengo todo para hacerle daño”.
Paralelamente a la investigación criminal, el presidente Gustavo Petro tomó una decisión política de alto impacto. El mandatario revocó el reconocimiento como gestores de paz a ocho miembros de las disidencias vinculadas a alias ‘Calarcá’, quien lidera el bloque Jorge Briceño, una de las estructuras del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), escisión del Estado Mayor Central (EMC) de las extintas FARC. La medida, argumentada en la falta de compromiso con el proceso de paz y la presunción de fallecimiento de algunos de ellos, reactivó de inmediato las órdenes de captura que pesaban sobre estos individuos. Entre los afectados se encuentran Jonathan Jair Narváez Quintero, Alexander Farfán Suarez, Jaime Muñoz Dorado, Ramiro Pinzón Novoa, Ciro Alfonso Romero Ospina, Guido Mauricio Ortiz Murillo, Yenimahr Nasare García y Andrés Orlando Ayala Garzón, estos dos últimos dados por muertos según las pesquisas. La decisión, que ya fue comunicada a las autoridades competentes, deja en evidencia la frágil y turbulenta relación entre el gobierno y los grupos armados que aún operan en el país.
