En un caso que sacude las entrañas de la Fuerza Pública y reaviva el debate sobre la infiltración del narcotráfico y la insurgencia en las filas militares, la Fiscalía General de la Nación judicializó al coronel del Ejército Nacional Carlos Didier Pérez Amorocho. Al oficial se le señala de haber recibido millonarios sobornos, que habrían ascendido hasta los 30 millones de pesos semanales, a cambio de entregar información privilegiada sobre operativos militares y facilitar así las actividades criminales del ELN y de las disidencias de las Farc, específicamente la Segunda Marquetalia. El coronel, quien no aceptó los cargos imputados de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos, fue presentado ante un juez de control de garantías tras una investigación adelantada por la Unidad Especial de Investigación (UEI).
La investigación contra Pérez Amorocho no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso que logró articular dos momentos clave de su carrera militar en los que, presuntamente, su lealtad fue puesta al servicio de los grupos armados. El primer episodio se remonta al año 2020, cuando el coronel comandaba un batallón en Arauca. Según la tesis fiscal, en ese entonces recibió un pago único de 15 millones de pesos del cabecilla del Frente de Guerra Oriental del ELN, conocido con los alias de «El Profe» o «Sendales», a cambio de retardar o incluso omitir acciones propias de su cargo que afectaran a esa organización. Las consecuencias de este acuerdo habrían sido devastadoras para la seguridad en la región, pues el batallón bajo su mando pasó de registrar 115 resultados operacionales contra el ELN en el año 2019 a tan solo 29 en el año 2020, una caída abrupta que hoy es vista como un indicio de su presunta colaboración con la insurgencia.
Un pacto de sangre y dinero en el Pacífico nariñense
La segunda línea de investigación, y quizás la más grave por su recurrencia y magnitud, ubica al coronel en el departamento de Nariño entre enero y junio del año 2026. Para ese entonces, Pérez Amorocho se desempeñaba como comandante de una unidad de despliegue rápido, una fuerza de élite que opera en zonas críticas. La Fiscalía sostiene que, durante esos seis meses, el oficial habría recibido pagos semanales de 30 millones de pesos por parte de la estructura ilegal «Bloque Alfonso Cano», perteneciente a la Segunda Marquetalia. A cambio, el coronel habría asumido el rol de informante y facilitador, alertando a los criminales sobre los movimientos de la tropa, retrasando operativos clave y permitiendo el libre tránsito de estupefacientes, armas y dinero en municipios como Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Roberto Payán y San Andrés de Tumaco.
Uno de los episodios más ilustrativos para la Fiscalía ocurrió en abril de ese mismo año en Nariño. En esta oportunidad, se le acusa de haber ordenado retener a su tropa, dándole así tiempo a los cabecillas de la Segunda Marquetalia para huir y, lo que es aún más grave, para vaciar caletas de armamento que estaban a punto de ser decomisadas. «Esto para alertar al grupo armado organizado de todos los movimientos de la Fuerza Pública y poder mover estupefacientes, armas, municiones y dinero del grupo armado», detalló el fiscal encargado del caso durante la audiencia, quien además relató que, en otra ocasión, tropas bajo su mando habrían encontrado un alijo de cocaína, pero que «por orden del coronel, dejaron el río de manera que la organización la recuperara posteriormente».
«Para el año 2020, en el corregimiento de Puerto Jordán, municipio de Arauquita, el servidor público señor Carlos Didier Pérez Amorocho, previamente identificado e individualizado, recibió para sí la suma de quince millones de pesos enviados por el cabecilla del grupo armado organizado el ELN del Frente de Guerra Oriental, conocido con el alias de El Profe o Sendales, para retardar u omitir un acto propio de su cargo».
Fiscal encargado del caso, durante la audiencia
El coronel, quien asumió el mando de la unidad de élite en Nariño desde julio de 2025 y cuya cobertura se extendía incluso a sectores de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, ahora enfrenta un proceso judicial que, más allá de su situación personal, pone en tela de juicio los mecanismos de control y contrainteligencia dentro de las unidades más sensibles de la Fuerza Pública. La gravedad de los señalamientos y el alto rango del oficial imputado han generado un fuerte impacto, evidenciando cómo la estructura criminal habría logrado permear uno de los eslabones clave en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia en el suroccidente del país. En las próximas horas se definirá la medida de aseguramiento para el oficial, mientras la justicia busca esclarecer el alcance total de una red de corrupción que, según la Fiscalía, se mantuvo activa durante años al amparo del poder que confería su cargo.
