En una audiencia restaurativa celebrada en Valledupar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el coronel (r) del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó de manera expresa, libre, consciente, voluntaria, completa y sin reservas su responsabilidad en 38 asesinatos cometidos durante su comandancia del Batallón de Artillería n.º 2 La Popa, entre 2004 y 2005. Las víctimas fueron presentadas ilegalmente como bajas en combate, en lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, un capítulo oscuro del conflicto armado colombiano que aún busca verdad y reparación.
La acusación de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP imputa a Figueroa 24 hechos victimizantes que incluyen 38 personas asesinadas, 11 desapariciones forzadas y 9 casos de tortura. Durante la diligencia, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez explicó que el carácter restaurativo de la audiencia no se centraba en el debate probatorio, sino en el restablecimiento de los derechos de las víctimas y en la posibilidad de que el compareciente, a partir del reconocimiento y la verdad, pudiera poner de presente toda su humanidad.
Un acto simbólico de memoria y dignidad
La audiencia comenzó con un acto simbólico en el que las víctimas colocaron flores en sillas con los nombres de los fallecidos, como una forma de rescatar del olvido a quienes fueron arrebatados. Rocío Escorcia Bonet, familiar de una de las víctimas, expresó con voz quebrada que hoy no solo buscaban justicia, sino memoria y dignidad. «Que el nombre de nuestros muchachos sea recordado con la verdad», dijo, y agregó que no fueron cifras, ni informes, ni una equivocación: fueron hijos, hermanos, seres humanos, fueron vidas.
Participaron también representantes de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa, quienes denunciaron el impacto cultural y territorial de los crímenes. La mayora Marcelina Cáceres, del pueblo Kankuamo, se dirigió a los asistentes con un mensaje de sanación: «Calmen su corazón, limpien su corazón, limpien su espíritu para que sus seres queridos puedan también descansar en paz». Jesús Eduardo Oñate, del pueblo Wiwa, recordó que el Estado le quitó el nombre a su familiar, pero que él tenía nombre y apellido: Luis Eduardo Oñate.
El reconocimiento del coronel (r) Figueroa
En su intervención, Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó que durante su comandancia ocurrieron 24 hechos victimizantes en los que 38 personas fueron asesinadas y presentadas ilegalmente, injustamente, como bajas en combate. «Les pido perdón por las vidas arrebatadas, por las desapariciones, por la tortura, por la estigmatización y por los señalamientos que cayeron sobre personas y familiares», afirmó. Además, pronunció en voz alta los nombres de las víctimas y pidió un minuto de silencio, en un gesto que las familias recibieron con esperanza, pero también con la exigencia de que la verdad sea completa.
Varios familiares señalaron que aún faltan respuestas sobre los responsables del manejo de inventarios de armas y las botas que eran puestas a las víctimas para simular combates. Karen Margarita Castro Aguirre, hermana de una víctima, le pidió al coronel que la verdad que aportara reconstruyera la dignidad y la vida que les arrebataron. María Faustina Martínez Zabatá, por su parte, le suplicó que dijera la verdad y limpiara el buen nombre de su hermana, asegurando que ella no era guerrillera.
En un tono que mezclaba dolor y generosidad, Elizabeth Coronado Montaño le dijo al compareciente: «Yo perdono y desde el principio perdoné», pero le exigió que no callara, que dijera los nombres detrás de los hechos, que no tuviera miedo porque para eso estaban ellos, las víctimas. Finalmente, Marquis José Oñate Arias, también del pueblo Wiwa, le pidió al coronel que le cambiara el nombre a ese titular de los medios que hablaban de bajas en combate, devolviéndoles la humanidad a quienes fueron asesinados en estado de indefensión.
