La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto Legislativo 1261 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional, bajo la administración de Abelardo de la Espriella, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica a raíz del terremoto del 10 de agosto de 2026. El fallo, contenido en la Sentencia C-366 de 2026 y con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, fue aprobado con siete votos a favor y uno en contra parcialmente, y establece condicionamientos clave para evitar que los recursos destinados a la emergencia se utilicen en asuntos no relacionados directamente con el sismo.
El alto tribunal condicionó la aplicación del decreto exclusivamente a aquellos municipios que acrediten afectaciones comprobadas derivadas del movimiento telúrico y sus réplicas, limitando así el alcance territorial de la medida. Esta decisión surge de la revisión constitucional de los Decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026, este último enfocado en modificar el ámbito territorial de la emergencia. El terremoto, de magnitud 7,4, causó graves daños en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, desencadenando la necesidad de una respuesta estatal excepcional.
Condicionamientos para la aplicación de la emergencia
La Corte, en su análisis, determinó que si bien la declaratoria de emergencia es constitucional, su ejecución debe circunscribirse a las zonas donde los efectos del desastre sean verificables. El magistrado Cortés González destacó que esta precisión busca evitar desvíos de fondos o la aplicación de medidas excepcionales en regiones no afectadas, garantizando que la respuesta del Estado se centre en la grave calamidad pública generada por el sismo del 10 de agosto. La noticia se encuentra en desarrollo, a la espera de la resolución final sobre otros aspectos de la emergencia. El fallo de la Corte representa un equilibrio entre la necesidad de una acción rápida del Ejecutivo y el control constitucional para asegurar que los recursos y poderes extraordinarios se destinen exclusivamente a la reconstrucción y atención de las víctimas en los territorios más golpeados por el desastre natural.
