La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional emitió un fallo que amplía el acceso de madres cabeza de familia condenadas a la sustitución de la prisión por servicios de utilidad pública, al establecer nuevos criterios de interpretación de la Ley 2292 de 2023. La decisión, que aplica a todo el territorio colombiano, busca corregir las interpretaciones restrictivas que hasta ahora limitaban el beneficio y armonizar la aplicación de la norma con el interés superior de los niños, la igualdad material y el enfoque de género. La Corte revisó un caso específico en el que una mujer condenada solicitó el beneficio y le fue negado por autoridades judiciales, quienes argumentaron que no demostró su condición de madre cabeza de familia por contar con redes de apoyo, y que el delito no estaba relacionado con su situación de marginalidad.
El alto tribunal concluyó que los jueces interpretaron erróneamente la ley al exigir requisitos no previstos, como la ausencia total de redes de apoyo familiar y una condición de marginalidad extrema. En su análisis, la Sala Séptima subrayó que la existencia de familiares que colaboren ocasionalmente en el cuidado no elimina automáticamente la condición de madre cabeza de familia, y que la marginalidad relevante para la Ley 2292 no corresponde a una situación extrema orientada a atenuar el reproche penal, sino a una vulnerabilidad social y económica. La Corte cuestionó a las autoridades judiciales por exigir que el delito estuviera relacionado con necesidades básicas inmediatas del hogar, un requisito que no está establecido en la ley.
A nivel nacional, se han registrado 204 decisiones favorables a la sustitución de la pena, de las cuales 201 han beneficiado a mujeres. Según estimaciones oficiales, entre 2.000 y 4.000 mujeres podrían ser potenciales beneficiarias de esta medida. Los departamentos con mayor número de decisiones favorables son Antioquia, Santander y Cundinamarca, lo que evidencia diferencias territoriales significativas en la aplicación de la norma. La sentencia establece parámetros constitucionales para que los jueces evalúen las solicitudes, enfocándose en la responsabilidad estructural del hogar y el impacto que tiene la privación de la libertad en la dinámica familiar.
Los criterios fijados por la Corte
En su fallo, la Sala Séptima de Revisión precisó que «el legislador no condicionó el beneficio a la demostración de una situación límite de desprotección, sino al análisis de quién ejerce la responsabilidad estructural del hogar y cómo impacta la privación intramural en esa dinámica». Asimismo, aclaró que «la marginalidad relevante para la Ley 2292 de 2023 no corresponde a una ‘marginalidad extrema’ orientada a atenuar el reproche penal, sino a una situación de vulnerabilidad social y económica». Con esta decisión, la Corte busca que la implementación de la ley, que hasta ahora ha tenido un alcance limitado, se aplique de manera más amplia y uniforme en todo el país, protegiendo a las mujeres cabeza de familia y mitigando los efectos del encarcelamiento en sus hijos.
«El legislador no condicionó el beneficio a la demostración de una situación límite de desprotección, sino al análisis de quién ejerce la responsabilidad estructural del hogar y cómo impacta la privación intramural en esa dinámica»
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión
La decisión de la Corte Constitucional representa un avance significativo en la garantía de los derechos de las mujeres cabeza de familia privadas de la libertad, al eliminar barreras interpretativas que restringían el acceso a un beneficio diseñado como acción afirmativa. Con los nuevos parámetros, se espera que más juezas y jueces en todo el país apliquen la Ley 2292 de 2023 de manera coherente con los principios constitucionales de igualdad material, protección de la familia y enfoque de género, reduciendo así el impacto del encarcelamiento en los hogares donde la mujer es el sostén principal.
