La Corte Constitucional puso en marcha el examen de legalidad del primer decreto de emergencia del Gobierno de Abelardo de la Espriella, al asignar al magistrado Juan Carlos Cortés González como ponente para estudiar el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026. Esta norma fue expedida por el Ejecutivo para hacer frente a la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, el pasado 10 de agosto. El estudio formal, que se adelantará en la sede del Palacio de Justicia en Bogotá, determinará si la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica cumple con los preceptos constitucionales que habilitan al presidente a usar facultades extraordinarias.
La asignación del expediente al magistrado Cortés se realizó mediante sorteo, bajo la presidencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, y se produce en un contexto de urgencia nacional, pues el decreto pretende habilitar cambios presupuestales, conseguir recursos adicionales y establecer alivios tributarios para financiar la atención humanitaria, la reconstrucción y la recuperación de infraestructura en las zonas afectadas. La medida, que tiene una vigencia de 30 días calendario, cobija a 15 departamentos que registraron daños o donde se demuestre afectación directa por el sismo, lo que amplía el alcance de una respuesta que el Gobierno considera insuficiente mediante los mecanismos ordinarios.
Un primer examen para el gobierno de Espriella
Este es el primer decreto de emergencia del mandato de Abelardo de la Espriella que llega a la Corte Constitucional para su revisión, un proceso que será vigilado de cerca por analistas y actores políticos. La Sala Plena del alto tribunal, que en el pasado ha estudiado casos similares como los de los magistrados Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis en gobiernos previos, deberá verificar si el Ejecutivo cumplió con los requisitos constitucionales para acudir a estas facultades excepcionales, que permiten sortear el trámite legislativo habitual en situaciones de calamidad.
El secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González, ha defendido la legalidad del decreto 1261, argumentando que la magnitud del desastre, que dejó cuantiosos daños en infraestructura y viviendas en el Chocó y regiones vecinas, justifica la declaratoria de emergencia. La decisión de la Corte no solo definirá si el Gobierno puede mantener este marco jurídico especial para atender la tragedia, sino que también sentará un precedente sobre los límites del poder ejecutivo en situaciones de crisis, en un momento en que la reconstrucción de las zonas más golpeadas depende de la celeridad en la ejecución de los recursos.
