La Corte Constitucional de Colombia definirá el próximo jueves 13 de agosto de 2026 el futuro de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, en un debate que podría determinar un cambio estructural en el sistema de pensiones del país. La magistrada Paola Meneses, ponente del caso, presentó una propuesta que sugiere devolver la norma al Congreso por vicios de trámite, específicamente por la falta de «debida deliberación» en la Cámara de Representantes, donde no se discutió el articulado uno por uno en dos ocasiones, lo que la Corte considera contrario a la Ley Quinta. Frente a esta opción, existe la posibilidad de que la Corte declare la exequibilidad de la ley, permitiendo su entrada en vigor inmediata. La decisión, sin embargo, tomará «un par de semanas más» desde esa fecha, según informaron fuentes judiciales.
La reforma, aprobada por el Congreso en 2023 y suspendida por la Corte en junio de 2026, plantea dos escenarios radicalmente opuestos para los cerca de 21 millones de aportantes al sistema. Si la ley es avalada, Colpensiones se convertirá en el único pagador de pensiones y receptor obligatorio de cotizaciones hasta un tope de 2,3 salarios mínimos, equivalentes a $4.027.081,5, eliminando la competencia con los fondos privados. En caso contrario, si la norma es devuelta al Congreso, el sistema actual se mantendría, permitiendo a los trabajadores elegir libremente entre Colpensiones y los fondos privados, un escenario que favorece el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien prefiere el modelo de competencia y busca fortalecer el ahorro individual.
Los siete magistrados definen el futuro
De los nueve magistrados de la Corte, solo siete están habilitados para votar. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó un impedimento, mientras que el magistrado Héctor Carvajal fue recusado. En este escenario, se espera que cuatro magistrados se inclinen a favor de avalar la ley, mientras que tres respaldan la ponencia de la magistrada Meneses. El conjuez Carlos Pablo Márquez, quien reemplazará a uno de los magistrados inhabilitados, podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado. La Procuraduría General de la Nación, citada como crédito en el expediente, también ha seguido de cerca el proceso, que ha generado una fuerte controversia política y social.
«Este no es el escenario ideal. El escenario ideal era que la magistrada Paola Meneses presentase una ponencia que pidiera el archivo definitivo del proyecto de ley, así como había sido el sentido de la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez»
Jerome Sanabria, vocera de No con mi ahorro
La vocera de la organización ‘No con mi ahorro’, Jerome Sanabria, explicó que la decisión de la Corte se divide en dos opciones concretas. «La primera, que la Corte Constitucional apruebe definitivamente, inmediatamente, el proyecto de reforma pensional del gobierno Petro y que empiece a regir de una vez. O la segunda, que sería la opción de la ponencia de la magistrada Meneses, que la Corte Constitucional devuelva el proyecto de ley a la Cámara de Representantes», afirmó Sanabria. En caso de devolución al Congreso, los críticos de la reforma ven una oportunidad para modificar aspectos clave de la ley.
«Si la Corte Constitucional la devuelve al Congreso, tendremos una oportunidad de oro para eliminar el semicontributivo y hacer opcional el contributivo»
Jerome Sanabria, vocera de No con mi ahorro
Sanabria detalló que, en ese escenario, se buscaría que los colombianos «vuelvan a tener el derecho de tener su devolución de saldos, es decir, que en su fondo privado les entreguen la totalidad de su ahorro». Además, explicó que «si logramos introducir un artículo que modifique este pilar contributivo y que lo haga opcional, los colombianos ya no tendríamos la obligación de cotizar en Colpensiones, sino que podríamos volver a como estábamos en la Ley 100 y poder elegir libremente en dónde cotizar». Esta modificación implicaría que Colpensiones solo administraría las cotizaciones de quienes elijan ese esquema, manteniendo el tope de 2,3 salarios mínimos para esos aportantes, mientras que el resto podría permanecer en fondos privados sin obligación de migrar.
La estructura de la reforma se basa en cuatro pilares: contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro individual. La propuesta de Sanabria, en caso de devolución al Congreso, incluye eliminar el pilar semicontributivo y hacer opcional el contributivo, lo que representaría un retroceso significativo respecto al diseño original del gobierno Petro. Mientras tanto, la Corte deberá deliberar no solo sobre los vicios de trámite, sino también sobre el fondo de la ley, en un contexto donde el gobierno de Abelardo de la Espriella ya ha manifestado su preferencia por mantener el sistema actual de competencia entre Colpensiones y los fondos privados. La decisión final, que podría tardar hasta dos semanas adicionales tras el debate del 13 de agosto, definirá si Colombia avanza hacia un sistema de reparto o mantiene el modelo mixto que ha regido durante las últimas décadas.
