La Corte Constitucional de Colombia se inclina hacia declarar inconstitucional el decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, según mayorías internas preliminares en un fallo definitivo que se espera para comienzos de marzo. Al menos seis de los nueve magistrados que conforman la Sala Plena, incluyendo figuras clave como el presidente Jorge Enrique Ibáñez y el magistrado ponente del decreto principal Carlos Camargo, junto con Juan Carlos Cortés como ponente de los decretos de desarrollo, perfilan posiciones contrarias a su constitucionalidad, mientras que Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y el mismo Juan Carlos Cortés se muestran a favor. No obstante, no se han reunido los votos suficientes para ordenar una suspensión provisional del decreto.
La revisión automática de este estado de excepción, activada tras la retomada de actividades judiciales post-vacancia, incluye una sesión clave este viernes 23 de enero para discutir la recusación presentada por la Presidencia contra Ibáñez, debido a declaraciones del magistrado en una entrevista con El Tiempo, y la solicitud de suspensión provisional. Los debates internos y cuentas preliminares surgen del reparto de expedientes, con cuestionamientos centrados en la ausencia de un hecho sobreviniente que justifique la medida y la disponibilidad de mecanismos ordinarios, evocando el precedente de 1994 que desaconsejó suspensiones provisionales en casos similares.
Magistrados divididos en la Sala Plena
De los nueve magistrados en la Sala Plena, seis aparecen inclinados contra la constitucionalidad del decreto, destacando que Vladimir Fernández y Héctor Carvajal fueron designados por ternas del presidente de la República. Sorprendentemente, Miguel Polo y Natalia Ángel no respaldarían la declaratoria de constitucionalidad pese a posiciones previas favorables al Ejecutivo. Actualmente, transcurre la etapa probatoria con requerimientos al Gobierno, seguida de la participación ciudadana y el concepto de la Procuraduría, antes de avanzar al fallo de fondo.
Contexto y vigencia de las medidas
El Gobierno nacional invocó la emergencia económica vía decreto, sometido a control automático constitucional para estados de excepción. Aunque las medidas continúan vigentes hasta el fallo final, un precedente reciente como la emergencia en La Guajira de julio de 2023 demuestra que los impactos persisten incluso post-inexequibilidad, lo que genera incertidumbre sobre las políticas implementadas por el Ejecutivo en medio de este escrutinio judicial en la Corte Constitucional de Colombia.
