La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para el 11 de noviembre en el Palacio de Justicia de Bogotá, con el objetivo de evaluar la respuesta del Estado frente a la crisis humanitaria que golpea al Catatumbo. Las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022 han convocado este encuentro para reunir a autoridades nacionales y territoriales, a organizaciones sociales y a organismos internacionales, a fin de analizar las medidas destinadas a proteger a la población desplazada y a los firmantes del Acuerdo Final de Paz ante las graves vulneraciones de derechos humanos que persisten en la región. En términos de cifras, el Catatumbo registra más de 73.000 desplazados; entre ellos, 218 son firmantes del Acuerdo Final de Paz; hay 2.400 personas confinadas, de las cuales 183 también son firmantes; se reportan 6 desaparecidos y 7 homicidios. La Veintitrés Manizales cubre de cerca este proceso en busca de una luz sobre el pulso de la región.
Antecedentes y contexto se cruzan en esta convocatoria. Las Salas Especiales de Seguimiento han ordenado al Estado adoptar medidas estructurales para proteger a la población desplazada y a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, la Corte identifica fallas en áreas clave como la prevención, la atención inmediata y la estabilización de la situación, lo que motiva la convocatoria para evaluar la respuesta estatal; en paralelo, el Gobierno ha declarado estado de conmoción interior. En junio de 2025, la Corte realizó una visita territorial al Catatumbo para diagnosticar la atención estatal a la crisis. El Gobierno ha presentado el Pacto Catatumbo como instrumento clave para contrarrestar la crisis, pero su implementación aún no ha comenzado. El conflicto actual entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc ha agravado la crisis, afectando a comunidades campesinas, indígenas y a los firmantes del proceso de reincorporación. La audiencia se desarrollará en dos bloques y contará con la participación de víctimas, firmantes del acuerdo de paz, comunidades indígenas del Pueblo Barí, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales, así como delegados de organismos multilaterales.
Audiencia para evaluar la respuesta del Estado ante la crisis en Catatumbo
El encuentro se organizará en dos bloques y contará con la participación de víctimas, firmantes del acuerdo de paz, comunidades indígenas del Pueblo Barí, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales, y delegados de organismos multilaterales, con el fin de trazar una hoja de ruta más coordinada y eficaz ante las vulneraciones persistentes en la región. El desarrollo del encuentro permitirá escuchar voces de los distintos actores y situar en un marco claro las responsabilidades y compromisos pendientes para avanzar en el cumplimiento de las sentencias y de los compromisos del Acuerdo Final de Paz.
«La magnitud y número real de víctimas de confinamientos no ha podido ser determinado» – Corte Constitucional
«la falta de acompañamiento suficiente, diferencial y proporcional a la magnitud de los riesgos que enfrentan las comunidades» – Corte Constitucional
Para La Veintitrés Manizales, la audiencia representa un cambio de ritmo en la respuesta institucional: un paso importante hacia la acción coordinada que permita avanzar en el cumplimiento de las sentencias y de los compromisos del Acuerdo Final de Paz, con miras a disminuir las vulneraciones en el Catatumbo y a proteger a sus comunidades campesinas, indígenas y a los firmantes que aún transitan el camino de la reincorporación.
