La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia dio inicio este 18 de febrero de 2026 a la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, una reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, con la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez que propone declararla inexequible por graves vicios de trámite ocurridos en el Congreso, particularmente la aprobación en bloque por parte de la Cámara de Representantes sin la deliberación artículo por artículo requerida. La sesión también aborda el posible impedimento del propio Ibáñez y varias recusaciones presentadas en su contra, motivadas en supuestas declaraciones públicas que podrían interpretarse como prejuzgamiento.
Esta ley, que pretendía entrar en vigencia el próximo 1 de julio, ha generado más de 40 demandas ante la Corte y ha permitido que alrededor de 70.000 personas se trasladen al régimen de Colpensiones aprovechando una ventana transitoria. Entre sus disposiciones clave se encuentran los umbrales de cotización para el régimen de transición, con 750 semanas requeridas para las mujeres y 900 para los hombres, aunque ahora todo pende de un hilo por los cuestionamientos formales y de fondo relacionados con la sostenibilidad fiscal y los derechos adquiridos de los cotizantes.
Implicaciones para el sistema pensional y las finanzas públicas
La discusión no solo examina los vicios de trámite insubsanables, sino también aspectos sustantivos como el umbral de cotización y su impacto en la sostenibilidad del sistema, afectando tanto a los fondos privados como a Colpensiones y a millones de cotizantes en el país. Si la Sala Plena acepta la ponencia de Ibáñez, la ley caería por defectos de forma, lo que representaría un revés significativo para el Gobierno Nacional. En caso de que se aparte al magistrado ponente, la ponencia actual perdería efecto y se requeriría un nuevo proyecto desde cero, alargando indefinidamente el proceso judicial.
Las posibles decisiones de la Corte incluyen la exequibilidad total, parcial o la inexequibilidad total de la norma, con repercusiones profundas en el sistema pensional colombiano y las finanzas públicas, en un contexto de alta expectativa por parte de los actores involucrados que esperan una resolución que equilibre innovación legislativa y rigor constitucional.
