El alto tribunal avaló la Ley 2385 de 2024, pero dio un plazo de tres años para la reconversión de otras actividades tradicionales con animales.
La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2385 de 2024, mediante la cual se prohíben en Colombia las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas. La decisión fue adoptada de manera unánime por la Sala Plena, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero.
El tribunal señaló que la prohibición hace parte del mandato constitucional de protección y bienestar animal. Según la providencia, estas prácticas afectan la integridad de formas de vida no humanas y por ello se requiere avanzar en una transformación cultural que las excluya de los espectáculos públicos.
En el mismo fallo, la Corte analizó la inclusión de otras actividades como las cabalgatas, el coleo, las corralejas y las peleas de gallos. Aunque estas prácticas habían sido contempladas en la norma, el alto tribunal declaró inexequible la expresión que las prohibía de forma directa.
No obstante, la decisión no implica su permanencia indefinida. La Corte resolvió diferir los efectos de la inexequibilidad por un periodo de tres años, con el propósito de que durante este lapso se desarrollen procesos de reconversión laboral y cultural alrededor de dichas actividades.
El fallo precisa que este plazo busca brindar herramientas de transición a las comunidades y sectores económicos que dependen de estos espectáculos, con el fin de que puedan adaptar sus prácticas a un modelo distinto que no vulnere los derechos de los animales.
Con esta decisión, las corridas de toros y demás eventos taurinos quedan prohibidos de manera inmediata en Colombia, mientras que las otras expresiones señaladas entran en un periodo de transición en el que deberán definirse alternativas que garanticen la protección animal y la estabilidad de quienes viven de esas actividades.
La sentencia de la Corte Constitucional marca un nuevo escenario para el debate sobre las tradiciones culturales con animales en el país, en el que se combinan medidas de prohibición inmediata y procesos de reconversión gradual.
