La Corte Constitucional de Colombia ha designado a Carlos Pablo Márquez Escobar como conjuez para resolver el empate cuatro a cuatro en la votación sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, la controvertida reforma pensional impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión se tomó mediante sorteo entre los dieciocho conjueces anuales, tras la exclusión del magistrado Héctor Carvajal, quien fue recusado por la senadora Paloma Valencia debido a una asesoría previa que prestó a Colpensiones, acción prohibida por ley. Márquez Escobar cuenta con quince días hábiles para posesionarse y emitir su voto decisivo en un cuórum que pasará a nueve integrantes.
El empate se registró con un cuórum de ocho magistrados: a favor de declarar inexequible la ley votaron Jorge Enrique Ibáñez, ponente del caso, Paola Meneses, Lina Escobar y Carlos Camargo; mientras que Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés, Miguel Polo Rosero y Natalia Ángel defendieron su constitucionalidad. La figura del conjuez se activó precisamente para dirimir esta paridad, en un proceso que se aceleró tras la salida de Carvajal y busca definir el futuro de la reforma, cuyo cambio de régimen está programado para el 16 de julio de 2026.
Perfil y trayectoria del conjuez designado
Carlos Pablo Márquez Escobar es un jurista de amplio reconocimiento académico y profesional. Doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, magíster en Derecho por Harvard y maestría en Economía por la Universidad Javeriana, ha sido superintendente de Protección de la Competencia entre 2010 y 2012, y director y comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 2012 a 2015. Con más de quince años como profesor universitario, ha impartido conferencias en prestigiosas instituciones como Harvard, Columbia y Oxford. Su experiencia incluye la revisión de fusiones complejas como Disney-Fox y AB InBev-Bavaria, abarcando sectores como minería, salud y energía, y ha recibido galardones como el Premio Robert Cooter y la Beca del Banco de la República.
Impacto de la decisión en la reforma pensional
Esta designación llega en un momento clave para la reforma pensional, una de las apuestas principales del gobierno petrista, que ha generado intensos debates sobre su viabilidad constitucional. El voto del conjuez inclinará la balanza y determinará si la ley entra en vigencia o se declara inexequible, afectando directamente a millones de colombianos en sus futuras pensiones y al sistema de protección social del país. La Corte Constitucional, desde su sede en Bogotá, continúa así su rol como árbitro final en esta disputa legislativa de alto voltaje.
