La Corte Constitucional de Colombia, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, reanudará el próximo 13 de enero de 2026 la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, luego de un empate cuatro votos a favor y cuatro en contra entre sus ocho magistrados participantes. Esta decisión se toma tras la vacancia judicial por el impedimento del magistrado Héctor Carvajal y el sorteo del conjuez Carlos Pablo Márquez, en respuesta a las 91 demandas de inconstitucionalidad presentadas entre julio de 2024 y diciembre de 2025, una de ellas impulsada por la senadora Paloma Valencia, quien cuestiona el trámite legislativo, la deliberación y la sostenibilidad financiera de la norma.
La reforma pensional, aprobada por el Congreso en julio de 2024 y posteriormente suspendida por estas demandas, fue devuelta a la Cámara de Representantes en junio de 2025 debido a insuficiencias detectadas. Su entrada en vigor ha quedado frenada, manteniendo vigentes las normas previas e impidiendo la implementación del nuevo sistema de pilares que incluye contributivo, semicontributivo, solidario y ahorro voluntario. Colpensiones se encargaría de administrar los ahorros de 21 millones de colombianos bajo este esquema, mientras el gobierno ha implementado un bono pensional como adelanto parcial, beneficiando a adultos mayores con montos que oscilan entre 230.000 y tres millones de pesos.
Detalles clave de la reforma en debate
Entre los aspectos más destacados de la Ley 2381 figuran la no modificación de la edad de pensión, que se mantiene en 57 años para mujeres y 62 para hombres, así como la reducción de semanas de cotización para las mujeres con 50 semanas por hijo hasta un máximo de tres, estableciendo un mínimo de 850 semanas. Además, se prevé una disminución progresiva de las 1.300 semanas requeridas a 1.000 semanas entre 2025 y 2036, restando 25 semanas por año. Un estudio de la Universidad de Los Andes de noviembre de 2021 revela que, de 7,5 millones de colombianos con edad para pensionarse, solo el 16 por ciento recibe pensión, con tasas del 12,1 por ciento en mujeres y 22,5 por ciento en hombres, subrayando la magnitud del debate constitucional.
La fijación de esta fecha por la Corte Constitucional marca un hito en el proceso, ya que la suspensión actual paraliza cambios estructurales en el sistema pensional del país, afectando directamente a millones de trabajadores y jubilados que esperan definiciones sobre su futuro financiero. Mientras tanto, el bono pensional del gobierno sirve como medida transitoria, pero la resolución final de la Corte será determinante para la viabilidad de la reforma.
