La Sala Plena de la Corte Constitucional se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias sobre el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decisión que mantiene el caso en la justicia ordinaria bajo el trámite de la Fiscalía General de la Nación. La determinación fue adoptada por los nueve magistrados durante una sesión extraordinaria que inició a las 9:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre, en la que concluyeron que no estaban dadas las condiciones jurídicas para emitir una orden que zanjara el choque de poderes entre la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La controversia procesal giraba en torno a si el caso debía quedar en manos de fiscales delegados o trasladarse a la célula legislativa del Congreso, dado que la Comisión reclamaba competencia amparándose en el fuero presidencial del exmandatario. Al declararse inhibida, la Corte no asignó formalmente el caso a ninguna de las dos instancias, lo que implica que el expediente continúa en la instancia judicial donde se tramitaba, es decir, la Fiscalía. La decisión no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de Uribe Vélez, sino exclusivamente sobre la autoridad competente para investigarlo.
Un caso sin definición definitiva
La Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que la controversia procesal no definía culpabilidad o inocencia, sino la autoridad facultada para investigar al exmandatario bajo el fuero presidencial. Este aspecto resultó clave para que los magistrados optaran por inhibirse, al considerar que no existían las condiciones jurídicas necesarias para emitir un fallo que dirimiera el conflicto. La noticia se reporta como en desarrollo, lo que significa que no hay una conclusión definitiva del conflicto de competencias y que el caso continúa su curso en la justicia ordinaria, a la espera de nuevas definiciones procesales.
La decisión de la Corte Constitucional deja abierta la posibilidad de que futuras controversias similares sean resueltas con criterios más definidos, pero por ahora el expediente del expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece en la Fiscalía General de la Nación, donde se tramitaba originalmente antes de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara reclamara su competencia. La inhibición de la Sala Plena no cierra el caso, sino que pospone una definición sobre quién debe investigar al exmandatario, mientras que el proceso en la justicia ordinaria sigue su curso sin que se haya emitido un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
