La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión que sacude los cimientos de la política binacional con Venezuela, al determinar que el Memorándum de Entendimiento que pretendía crear la Zona Económica Especial Binacional debe ser tramitado como un tratado internacional. Esto significa que el documento, firmado el 17 de julio de 2025 en Caracas, queda suspendido en todos sus efectos jurídicos en Colombia hasta que el presidente lo presente ante el Congreso para su aprobación y luego sea sometido al control previo de constitucionalidad. La Sala Plena, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, tomó la decisión mediante el Auto 969 de 2026, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra, estos últimos fueron Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Juan Carlos Cortés González, quienes salvaron su voto, mientras que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar presentó una aclaración de voto.
La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada por David Zamora y Alejandro Quintero Navarro, quienes argumentaron que la naturaleza del memorando, al establecer compromisos binacionales en desarrollo, seguridad, infraestructura, comercio e integración territorial, lo obligaba a seguir el procedimiento constitucional establecido en los artículos 150 numeral 16 y 241 numeral 10 de la Constitución. Los demandantes señalaron que, de no surtirse este trámite, se desconocían no solo estos artículos, sino también el 189-2, el principio de separación de poderes y el control democrático sobre la política exterior, además de presuntas vulneraciones a la publicidad de actos públicos, la soberanía nacional y las relaciones internacionales basadas en derechos humanos. La Corte, sin embargo, se abstuvo de pronunciarse sobre el contenido del memorando y centró su fallo exclusivamente en el procedimiento que debe seguir.
Un freno a la integración binacional
El memorando, suscrito entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, buscaba crear la Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, con fines de cooperación económica, integración fronteriza, inversión, comercio e infraestructura. No obstante, la decisión de la Corte implica que, mientras no se complete el trámite constitucional, la Zona Económica Binacional queda sin efecto en Colombia. Este fallo representa un duro revés para los planes de integración que ambos gobiernos adelantaban, ya que la suspensión de los efectos jurídicos del instrumento detiene cualquier avance en la implementación de los acuerdos hasta que el Congreso y la Corte se pronuncien. La decisión se inscribe en un contexto donde la separación de poderes y el control democrático sobre los actos del Ejecutivo en materia de política exterior son temas de constante debate en el país.
