La Corte Constitucional de Colombia, en su Sala Plena y con ponencia del magistrado Vladimir Fernández, emitió este miércoles 22 de abril de 2026 la sentencia C-099 de 2026, mediante la cual respondió a demandas presentadas contra el Decreto Ley 902 de 2017. En una votación unánime de 9-0, el alto tribunal se inhibió de pronunciarse sobre varios artículos de esa norma, declaró exequibles con condiciones otros, eliminó frases específicas de los artículos 38 y 39, y ordenó acelerar la implementación de la nueva justicia agraria, todo ello en el marco de la aplicación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 con las Farc.
El Decreto Ley 902 de 2017 regula la adjudicación y formalización de tierras rurales, como parte del primer punto del histórico pacto de paz. La sentencia inhibió los artículos 58, 60, 61, 70, 71, 74, 75 y 76, mientras declaró exequibles con condiciones los artículos 36, 38, 39, 47, 56, 57, 75 y 80, y constitucional el artículo 79. Además, eliminó de los artículos 38 y 39 la frase “en los términos del presente decreto ley”. La Corte ordenó mantener la competencia en los jueces actuales, conforme a la Sentencia C-073 de 2018, hasta la entrada en vigor de la nueva jurisdicción establecida por el Acto Legislativo 03 de 2023, y exhortó al Congreso a aprobar a la mayor brevedad la ley correspondiente, así como a la Corte Suprema de Justicia a preparar los tribunales para su funcionamiento en 2027.
Impacto en la implementación de la justicia agraria
Los miembros de la Sala Plena se reservaron las aclaraciones de voto, y los detalles completos de la sentencia se publicarán en los próximos días. Esta decisión representa un paso clave para avanzar en la Reforma Rural Integral, que busca resolver conflictos históricos por la tierra en el campo colombiano y cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. La medida busca agilizar procesos de formalización de tierras y fortalecer la justicia especializada en materia agraria, contribuyendo a la estabilidad rural en el país.
Desde La Veintitrés Manizales, esta sentencia subraya la importancia de concretar las promesas de paz en el territorio, donde la tenencia de la tierra sigue siendo un desafío pendiente para miles de familias campesinas.
