La Corte Constitucional de Colombia notificó al conjuez Carlos Pablo Márquez Escobar para que confirme si acepta asumir el voto decisivo en la revisión de la constitucionalidad de la reforma pensional establecida en la Ley 2381 de 2024, tras un empate 4-4 en la Sala Plena con un cuórum de ocho magistrados. Esta designación se realizó por sorteo conforme al reglamento interno de la corporación, en un momento clave para el trámite que había quedado paralizado por la paridad de opiniones, cuatro a favor de tumbar la norma y cuatro para mantenerla en vigor.
El escenario se originó por la exclusión del magistrado Héctor Carvajal, recusado por la senadora Paloma Valencia debido a una asesoría previa que había prestado a Colpensiones sobre el mismo asunto, lo que generó un conflicto de imparcialidad. La recusación prosperó porque la ley prohíbe la intervención de un magistrado que haya emitido un concepto previo sobre el tema, dejando a la Sala Plena en igualdad de condiciones y obligando a recurrir a la figura excepcional del conjuez para desempatar.
Contexto de la reforma pensional petrista
La reforma pensional representa una de las apuestas centrales del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que busca transformar el sistema de pensiones en el país. Ahora, con la intervención potencial de Márquez Escobar, se espera que se resuelva el impasse que ha mantenido en suspenso la suerte de esta controvertida ley, en un proceso que resalta las tensiones entre imparcialidad judicial y las implicaciones políticas de la norma.
Esta notificación marca un paso decisivo en el procedimiento, donde el conjuez habilitado por sorteo tiene la responsabilidad de inclinar la balanza en la Sala Plena de la Corte Constitucional, asegurando así la continuidad del control de constitucionalidad ante el empate que surgió tras la salida de Carvajal por su vínculo previo con Colpensiones.
