La Defensoría del Pueblo expresó su respaldo al Auto 002 de 2026 emitido por la Corte Constitucional, que ordena a diversas autoridades, incluyendo el Ministerio del Interior, la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, presentar informes detallados en un plazo de 10 días sobre las medidas adoptadas para proteger a la población de Tibú y la región del Catatumbo, en el norte de Norte de Santander, ante la grave crisis humanitaria generada por la violencia armada. Este auto judicial responde a la Alerta Temprana 017 de 2025 y busca verificar las acciones frente a los riesgos advertidos, como los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC, el control territorial impuesto por el ELN con restricciones a la movilidad y la conducta de los civiles, desplazamientos forzados, confinamientos, uso de vehículos no tripulados y artefactos explosivos en corregimientos como Pachelli, Angalia, Las Palmeras y Filogringo, eventos que se intensificaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
La Corte Constitucional, en su rol de monitoreo institucional, exige detalles sobre planes de acción integral, responsables designados, mecanismos de coordinación, medidas específicas para la población firmante de procesos de paz y resultados verificables. Las autoridades territoriales deben informar cómo han incorporado la alerta en sus planes de prevención, las acciones activadas, la coordinación con entidades nacionales y los recursos asignados, incluyendo montos y fuentes de financiamiento. Esta providencia surge en un contexto donde la crisis persiste pese a las intervenciones estatales previas, con el objetivo de garantizar una protección efectiva de la población civil y prevenir vulneraciones de derechos humanos.
Misión humanitaria confirma la gravedad de la situación
Estas afectaciones fueron constatadas directamente durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero de 2026 en el Catatumbo, en la que participaron la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, actuando como Comisión Humanitaria. La alerta al Ministerio del Interior se emitió el 31 de diciembre de 2025, destacando la necesidad de una respuesta inmediata ante los riesgos identificados en la Alerta Temprana 017 de 2025, que ya advertía sobre los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, así como el control territorial del ELN.
“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”
Defensoría del Pueblo
“Esta providencia busca que las entidades responsables rindan cuentas sobre las medidas implementadas frente a los riesgos ya advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, en la que se alertaba sobre una grave situación de seguridad y posibles vulneraciones de derechos humanos en esta zona del país”
Defensoría del Pueblo
Con este respaldo, la Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de que el Estado rinda cuentas y active respuestas coordinadas para mitigar la crisis en el Catatumbo, región históricamente azotada por el conflicto armado, donde la Corte Constitucional continúa vigilando el cumplimiento de sus órdenes para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.
