La Corte Constitucional de Colombia ordenó este jueves la libertad inmediata de Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, al declarar la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso. El alto tribunal dejó sin efecto la orden de captura emitida el 23 de julio de 2025 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concediendo un amparo contra la privación de la libertad antes de que exista una sentencia en firme, en el marco de un proceso judicial que se desarrolla en el contexto de La Guajira.
Pérez Bernier había sido condenado el 9 de abril de 2025 a 22 años de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, relacionados con el contrato 770 de 2009 destinado a obras educativas, que generó un detrimento patrimonial superior a los 24.000 millones de pesos. Fue capturado un día después de la condena, el 10 de abril de 2025, pero la decisión de la Corte no elimina la condena, sino que ordena a la Sala Especial de Primera Instancia emitir una nueva decisión motivada en un plazo máximo de 48 horas, garantizando la libertad efectiva tras la notificación si no existe otra orden judicial.
Irregularidades en el contrato que desencadenaron el caso
El contrato en cuestión fue adjudicado con graves irregularidades, como la ausencia de estudios técnicos, de viabilidad y de planeación adecuada, además de evidentes signos de direccionamiento. Se detectaron sobrecostos, facturación de materiales no utilizados y obras inconclusas o deficientes, mientras que los mecanismos de control de la Gobernación resultaron ineficaces o inexistentes, lo que derivó en el proceso penal contra el exgobernador.
“Dios es justo. No actué en contra de la ley, fui serio, participativo y honesto. El pueblo de La Guajira sabe que lo único que hice fue trabajar con amor por esta tierra”
Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira
Adicionalmente, la Corte Constitucional exhortó a las Salas de Tutela de la Corte Suprema de Justicia a unificar criterios jurisprudenciales conforme a la sentencia SU-220 de 2024, en revisión de la legalidad de la privación de libertad preventiva. Esta resolución representa un precedente importante en el equilibrio entre la lucha contra la corrupción y el respeto a los derechos fundamentales en procesos judiciales en Colombia.
