La Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sala Especial de Seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, ordenó la formulación conjunta de una política pública nacional destinada a proteger los derechos de mujeres gestantes, madres lactantes y niños menores de tres años que permanecen en centros penitenciarios, carcelarios y lugares de detención transitoria, en el marco del Auto 1677 de 2025. El ponente encargado de la ponencia fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, y la decisión se inscribe en una ruta de reparación y protección de derechos en un contexto de desafío social y estructural.
La resolución contextualiza el proceso dentro de un padecimiento histórico: un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, con deficiencias persistentes en cobertura de servicios de salud, atención especializada, nutrición y otras medidas necesarias para garantizar plenamente los derechos reforzados de estas poblaciones. Ante esto, la Corte subraya la necesidad de una política pública con enfoque de género, primera infancia y protección reforzada. La formulación se debe realizar mediante una construcción articulada entre el Ministerio de Salud y Protección Social y las entidades responsables de la política criminal, la administración penitenciaria y la atención social, involucrando de forma coordinada a los Ministerios de Salud, Justicia y Hacienda; al Inpec; Uspec; el Fondo Nacional de Salud de Personas Privadas de la Libertad; Fiduprevisora; DAP para la Prosperidad Social; Icbf; la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, entre otros actores.»
Una ruta de seguimiento, inversión y derechos para gestantes y menores en detención
Entre las medidas que la Corte vincula a la política, se identifican cuatro aspectos críticos que deben abordar los mismos actores para avanzar hacia la protección integral. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llevará a cabo visitas trimestrales a los establecimientos donde se encuentren mujeres gestantes, lactantes y menores para verificar condiciones de reclusión y atención en salud; los hallazgos se consignarán en informes al Ministerio de Salud, generando una vía de vigilancia y responsabilidad. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura realizarán cada semestre actividades académicas y de capacitación sobre la Ley 2292 de 2023, fortaleciendo la formación institucional para la protección de estas prerrogativas. El Ministerio de Justicia y el Inpec deberán desarrollar campañas permanentes de sensibilización dirigidas al personal penitenciario y carcelario para proteger las prerrogativas de las mujeres gestantes, madres y niños, y la Policía Nacional tendrá la tarea de registrar de forma sistemática y desagregada datos sobre estas mujeres, especialmente aquellas en gestación, lactancia o madres de menores de tres años, con fines de control y vigilancia en centros de detención transitoria. En la práctica, la política debe incluir un enfoque de género, primera infancia y protección reforzada; objetivos claros; mecanismos de seguimiento; adecuación de espacios; atención diferencial en salud; continuidad de servicios médicos; atención psicológica y psiquiátrica; gestión de emergencias en salud; disponibilidad de pediatría; mejoras en nutrición; estrategias para emergencias no vitales; formación en derechos sexuales y reproductivos; programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas; y mecanismos de financiación, vigilancia y control para asegurar su implementación efectiva.
No hay citas textuales en el material proporcionado
Con esta decisión, el panorama informativo para La Veintitrés Manizales se orienta hacia la generación de lineamientos, mecanismos de seguimiento, vigilancia y campañas de sensibilización que acompañen la implementación de la política pública. Asimismo, se prevé la necesidad de financiación y estructuras de control para garantizar el cumplimiento de los derechos reforzados de gestantes, madres lactantes y sus hijos en contextos de detención, con miras a evitar retrocesos y avanzar hacia un sistema penitenciario más humano y respetuoso de la infancia y de la protección de grupo vulnerables. Este desarrollo marca un hito institucional en la conducta gubernamental y, desde nuestra cobertura, estaremos atentos a la materialización de estos lineamientos y a los resultados de las acciones de supervisión y apoyo a las poblaciones afectadas.
