La Corte Constitucional, mediante el Auto 851 de 2026, ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) reubicar en un plazo máximo de 10 días a las comunidades indígenas desplazadas que viven en condiciones precarias en San José del Guaviare. La decisión, que también involucra a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Municipal, responde a una situación de vulneración masiva de derechos de los pueblos jiw y nükak, quienes han sido desplazados por la violencia y enfrentan hacinamiento y falta de servicios básicos.
Las familias, que llevan meses e incluso años en coliseos y en el malecón sobre el río, suman 253 personas desplazadas que aún no han sido reubicadas. De ellas, cerca de 70 personas de la etnia jiw llegaron hace una semana desde Mapiripán (Meta) huyendo de enfrentamientos entre disidencias de las Farc asociadas a alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. La Corte aclaró que no es necesario estar inscrito en el Registro Único de Víctimas para recibir atención, lo que amplía la cobertura de la medida.
Orden de reubicación y ayuda humanitaria
La Uariv deberá gestionar el traslado de las comunidades a un albergue digno, garantizar la entrega periódica de ayuda humanitaria de emergencia y la atención en salud, así como la apertura de corredores humanitarios para las comunidades confinadas en los resguardos Barranco Colorado, Laguna Araguato-Barranco Ceiba, Mocuare, Naexal Lajt y el asentamiento de Las Zaragozas. La Defensoría del Pueblo colaborará en la apertura de esos corredores, mientras que la Procuraduría y la Personería Municipal harán seguimiento al cumplimiento de la orden.
El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, ha cuestionado la falta de respaldo de la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta y el Ministerio del Interior, señalando que la situación desborda la capacidad del municipio. La Alcaldía local ha insistido en que la responsabilidad de la atención humanitaria recae en el nivel nacional, especialmente cuando el desplazamiento se origina por hechos de violencia que trascienden las fronteras departamentales.
Contexto de violencia y disputas territoriales
El desplazamiento de la comunidad jiw habría sido causado por enfrentamientos entre disidencias de las Farc asociadas a alias “Mordisco” y alias “Calarcá”, una disputa territorial que se intensificó tras la ruptura de los acuerdos de paz y la fractura entre estas estructuras armadas en 2024. “Calarcá” se fortaleció durante los ceses al fuego hasta 2025, con denuncias de infiltración en el Ejército y en inteligencia del Estado, lo que agravó la inseguridad en la región.
La disputa impacta territorios como la Trocha Ganadera, un corredor señalado por su importancia para actividades ilegales, y ha generado confinamiento de comunidades en varios resguardos. La orden de la Corte llega en medio de la incertidumbre sobre la mesa de diálogo con “Calarcá”, luego de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara el fin de la política de Paz Total, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria en el Guaviare.
