La Corte Constitucional de Colombia, a través de su Sala Segunda de Revisión y en sesión de Sala Plena, emitió una decisión transitoria que protege los derechos fundamentales a la vida digna y a la salud de un interno diagnosticado con mieloma múltiple recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota. La alta corte ordenó la sustitución temporal de la pena privativa de la libertad bajo la vigilancia del Juzgado 30 de Ejecución de Penas de Bogotá, y dispuso una nueva evaluación médica integral en un plazo máximo de dos meses, tras revisar una tutela inicialmente rechazada por el juez de primera instancia.
El caso se remonta a una condena impuesta el 7 de febrero de 2024 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, seguida de una solicitud de reclusión domiciliaria presentada el 20 de mayo de ese año, que fue concedida el 30 de julio pero revocada el 4 de octubre por la Sala Especial de Primera Instancia, basándose en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El interno, quien padece mieloma múltiple con comorbilidades, no ha recibido atención médica adecuada durante 14 meses, a pesar de órdenes médicas previas emitidas por el Inpec y la Uspec, lo que generó un riesgo inminente para su vida que motivó la adopción de medidas urgentes por parte del juez de tutela.
Antecedentes y vicisitudes judiciales
La tutela fue presentada de manera electrónica, pero inicialmente rechazada por el juez debido a la falta de firma, presunciones sobre los envíos digitales y supuesta falta de claridad en las pretensiones, conforme al Decreto 2591 de 1991. La Corte Constitucional reiteró la vigencia del acceso a las tutelas electrónicas y la obligación de los servicios médicos intramurales y extramurales de brindar atención sin discriminación, tal como lo establece la Ley 1709 de 2014. Esta protección es temporal y se mantendrá hasta que el juez natural resuelva de fondo sobre la sustitución de la pena.
En la decisión se incluyeron aclaraciones de voto por parte de la magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Carlos Camargo Assis, quienes profundizaron en los aspectos jurídicos y médicos del fallo. Esta medida resalta las deficiencias en el sistema carcelario colombiano para atender enfermedades graves como el mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que requiere tratamiento especializado, y subraya la prioridad de los derechos humanos en contextos de hacinamiento y desatención médica en prisiones como La Picota.
