El Consejo Gremial Nacional, presidido por Camilo Sánchez, solicitó formalmente a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, argumentando que incumple los requisitos establecidos en el artículo 215 de la Constitución Política. La petición, presentada tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, buscaba un análisis inmediato y una sesión excepcional durante la vacancia judicial, que concluye el 13 de enero, pero la Corte decidió esperar hasta esa fecha para pronunciarse, respetando el período de descanso de sus magistrados.
El decreto gubernamental surge como respuesta al rechazo legislativo de la reforma tributaria, que esperaba recaudar 16,3 billones de pesos para equilibrar el presupuesto general de la Nación proyectado en 546,9 billones para 2026. Los gremios empresariales enviaron cartas respetuosas a la Corte solicitando una intervención urgente, respaldados por entidades como Fenalco, liderada por Jaime Cabal; AmCham, con María Claudia Lacouture al frente; y Asobares, en medio de una creciente tensión entre el sector privado y el Ejecutivo por el uso de mecanismos extraordinarios para cubrir el déficit fiscal, en lugar de vías ordinarias disponibles.
Argumentos constitucionales y reacciones del Gobierno
Camilo Sánchez enfatizó que la situación fiscal era previsible y podía manejarse mediante mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional, evitando así riesgos a la estabilidad institucional, la economía y la separación de poderes. La Corte Constitucional centrará su análisis en si realmente existen hechos extraordinarios e imprevisibles que justifiquen la emergencia, así como en la existencia de alternativas legislativas habituales.
«Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica a luz del artículo 215».
Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional
«El Gobierno nacional hoy cuenta con mecanismos ordinarios que están consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para ajustar los rubros del presupuesto que permitan un uso responsable y eficiente de los recursos».
Consejo Gremial Nacional
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro cuestionó la urgencia del pedido gremial, comparándolo con el trámite de la reforma pensional, mientras que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió la medida al indicar que el rechazo de la ley de financiamiento obliga a recuperar ingresos para equilibrar el presupuesto aprobado por el Congreso.
«¿Por qué quieren que se reúna ya la Corte Constitucional para salvarlos de pagar impuestos de megarricos y no pidieron lo mismo para que se aprobara la reforma pensional?».
Gustavo Petro, presidente de la República
«Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia».
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Esta controversia pone en evidencia las profundas divisiones entre el Gobierno y los gremios ante la delicada situación fiscal del país, con la Corte Constitucional como árbitro final en un debate que podría redefinir los límites del poder ejecutivo en momentos de crisis presupuestal.
