La Corte Constitucional de Colombia, presidida por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, reanudará el próximo 13 de enero de 2026 la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma pensional conocida como Ley 2381 de 2024, luego de un empate técnico de cuatro votos a favor y cuatro en contra entre los ocho magistrados participantes. Esta sesión se da tras el impedimento del magistrado Héctor Carvajal y la designación por sorteo del conjuez Carlos Pablo Márquez para desempatar, en un proceso iniciado por demandas de inconstitucionalidad como la presentada por la senadora Paloma Valencia.
La ley, aprobada en julio de 2024, quedó suspendida debido a 91 demandas que cuestionan vicios de trámite, deliberaciones y su sostenibilidad financiera, y fue devuelta al Congreso en junio de 2025 por insuficiencias detectadas. Mientras tanto, la suspensión mantiene vigentes las normas pensionales anteriores, afectando los procesos de pensiones y beneficios como los pilares contributivo, semicontributivo, solidario y de ahorro voluntario, lo que genera gran expectación entre millones de colombianos próximos a pensionarse.
Claves de la reforma y su impacto en los colombianos
Entre los cambios propuestos por la reforma se destacan la reducción de 50 semanas por hijo para mujeres hasta un máximo de tres, manteniendo la edad de pensión en 57 años para ellas y 62 para hombres; un mínimo de 850 semanas de cotización para quienes tengan menos de 750 al 30 de junio de 2025; y la disminución gradual de las semanas obligatorias de 1.300 a 1.000 entre 2025 y 2036, restando 25 semanas por año. Además, Colpensiones administraría los ahorros de 21 millones de colombianos. Un estudio de la Universidad de Los Andes de noviembre de 2021 revela que 7,5 millones de personas tienen la edad para pensionarse, pero solo el 16 por ciento recibe pensión, con una brecha de género marcada: 12,1 por ciento en mujeres y 22,5 por ciento en hombres, agravada por menores cotizaciones y responsabilidades de cuidado familiar, según ONU Mujeres y el Dane, donde una de cada cinco mujeres trabaja menos de 20 horas semanales.
Como medida de adelanto, el Gobierno implementó un bono pensional que oscila entre 230.000 y 3 millones de pesos para adultos mayores, mientras la Corte analiza la viabilidad de estos cambios en un contexto de vacancia judicial que pospuso la deliberación hasta la fecha anunciada.
