La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes remitió el pasado 23 de septiembre un total de 2.322 folios a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto positivo de competencias que enfrenta con la Fiscalía General de la Nación sobre la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1998, y el homicidio del abogado Jesús María Valle, cometido en febrero de 1998. El expediente, identificado con el número CJU-7957, fue asignado al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien dos días antes, el 21 de septiembre, había solicitado a la Comisión copia completa del oficio con el que reclamó competencia, así como las proposiciones, actas, decisiones y constancias de aprobación. La secretaria de la Comisión, Katherine Pulecio Gómez, respondió al requerimiento con el envío de los documentos, aclarando que en su despacho no reposan soportes que los autores de la proposición hubieran preparado antes de radicarla.
El conflicto surgió cuando la Comisión de Acusaciones argumentó que Álvaro Uribe goza de fuero especial por haber sido presidente de Colombia entre 2002 y 2010, lo que le otorgaría competencia exclusiva a dicho órgano legislativo para investigarlo por los hechos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que los delitos que se le imputan —concierto para delinquir agravado y homicidio agravado en persona protegida como posible determinador— ocurrieron mientras Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, y que el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuya presunta creación se le atribuye al exmandatario, fue exterminado en 2003. La Comisión, por su parte, alega que el concierto para delinquir agravado es una conducta permanente, cuya ejecución se prolonga mientras la organización ilegal permanezca activa, lo que justificaría su competencia.
Un proceso que definirá el futuro judicial de Uribe
La remisión de los 2.322 folios activa el proceso ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, que deberá resolver quién está facultado para investigar al expresidente: si la justicia ordinaria, representada por la Fiscalía, o el fuero legislativo, a través de la Comisión de Acusaciones. La decisión tiene implicaciones directas para el curso jurídico de Uribe, quien ya ha manifestado su preocupación por lo que considera una «anticipación» de una decisión adversa por parte del ente acusador. En ese sentido, el exmandatario ha asegurado que la Fiscalía ya le está anticipando una resolución desfavorable en el proceso que se le adelanta por estos crímenes, señalados como graves violaciones a los derechos humanos.
«El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha asegurado que la Fiscalía General de la Nación ya le está ‘anticipando’ una decisión adversa en el proceso»
Álvaro Uribe Vélez, Expresidente de Colombia
El caso, que data de hace casi tres décadas, vuelve a cobrar relevancia judicial con este nuevo capítulo. Las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas por paramilitares cuando Uribe era gobernador de Antioquia, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, han sido objeto de múltiples investigaciones. La Corte Constitucional, al resolver el conflicto de competencias, marcará un precedente sobre los límites del fuero presidencial frente a delitos cometidos antes del mandato, así como sobre la naturaleza permanente de ciertos ilícitos. La sociedad colombiana estará atenta a la decisión, que podría definir si el expresidente enfrenta un juicio ante la justicia ordinaria o permanece bajo la tutela de la Comisión de Acusaciones.
