La Corte Constitucional retomará el estudio de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro el próximo 13 de agosto de 2026, luego de atender los requerimientos formulados por el investigador José Manuel Sánchez Franco, adscrito al CTI de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La Sala Plena del alto tribunal incluyó este caso como primer punto del orden del día, bajo la ponencia de la magistrada Paola Meneses, quien el pasado 4 de agosto radicó un proyecto de auto que da continuidad al proceso. La decisión se produce en medio de una compleja trama procesal que mantiene suspendida la Ley 2381 desde el 17 de junio de 2024, nueve días antes de que la Cámara de Representantes realizara una segunda votación para subsanar el vicio de trámite detectado originalmente por la Corte.
El expediente está en manos de la Corte desde el 13 de agosto de 2024, cuando la exsenadora Paloma Valencia presentó una demanda por vicios de trámite. El alto tribunal encontró que la Cámara de Representantes había aprobado el mismo articulado del Senado el 14 de junio de 2025 sin una discusión suficiente, lo que consideró un vicio subsanable y ordenó repetir el procedimiento. La Cámara acató la orden y realizó una nueva votación el 28 de junio de 2025, en una sesión que se prolongó por cinco horas. Sin embargo, la ley continúa suspendida a la espera de que la Corte determine si ese segundo debate corrigió efectivamente la falla procesal. De los 95 artículos de la reforma, solo dos permanecen vigentes: los relacionados con la ventana pensional y el traslado de regímenes, mientras que los otros 93 están suspendidos, afectando a aproximadamente 33 millones de afiliados al sistema pensional, de los cuales 7 millones pertenecen a Colpensiones y 26 millones a fondos privados.
Un laberinto de impedimentos y empates
La demora en el fallo tiene múltiples causas. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien inicialmente fue ponente, se apartó del debate el 13 de febrero de 2025 tras un impedimento basado en unas declaraciones que había ofrecido a la prensa. La secretaría general de la Corte notificó el cambio hasta el 21 de abril, dos meses después. Ibáñez no fue el único en apartarse; antes lo había hecho el magistrado Héctor Carvajal. La situación se agravó cuando la Sala Plena quedó dividida en un empate 4-4, lo que obligó a nombrar un conjuez, el abogado Carlos Pablo Márquez, para desempatar. Ibáñez, en el auto en el que explicó su impedimento, advirtió que “desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó”, y añadió que “en vista de que en la votación acerca de su exequibilidad la Sala quedó dividida 4-4, se escogió un conjuez”. El magistrado dejó constancia de su posición en 128 páginas de aclaración de voto.
«Desde junio de 2025 advertimos que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable, pero no se subsanó»
Jorge Enrique Ibáñez, magistrado (expresidente de la Corte)
La magistrada Paola Meneses, actual ponente, ha sido cuidadosa en delimitar el alcance de la decisión. En oficios del 4 de agosto, respondiendo a la solicitud de información del investigador Sánchez Franco, señaló que “a la Corte no le corresponde emitir conceptos sobre la interpretación, la aplicación o los efectos de la providencia, ni determinar las actuaciones que deban adelantar otras autoridades o entidades”. Esta precisión se da en el marco de una indagación abierta por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para establecer si hubo demoras dolosas por parte de los magistrados. El exfuncionario de la Fiscalía Diego Gutiérrez interpretó que el objetivo de esa investigación es “determinar si los magistrados de la Corte Constitucional, de forma dolosa, actuaron para demorar el trámite de la ley pensional”. La penalista Sharon Castillo, por su parte, consideró que es viable que la Comisión abra una indagación y pida documentos, pero advirtió que “el solo paso del tiempo no permite concluir, automáticamente, que existe una falta o un delito”.
«Determinar si los magistrados de la Corte Constitucional, de forma dolosa, actuaron para demorar el trámite de la ley pensional»
Diego Gutiérrez, exfuncionario de la Fiscalía
Mientras la Corte se prepara para la sesión del 13 de agosto de 2026, el impacto de la suspensión se siente en todo el sistema. Unas 120.000 personas que solicitaron su traslado a Colpensiones permanecen en un limbo jurídico, con sus ahorros aún en fondos privados. El Consejo de Estado frenó una transferencia de 25 billones de pesos que haría el Gobierno para fortalecer el sistema público. Además, el fondo especial que debía administrar el Banco de la República no ha podido abrirse porque el artículo que lo crea está suspendido. Los expedientes de la Comisión de Investigación y Acusación deberán ser repartidos de nuevo bajo la conducción de Carlos Cuenca, quien asumió el liderazgo de esa instancia. La ley permanecerá suspendida hasta un día después de que la Corte Constitucional emita su fallo definitivo, que definirá si el Congreso corrigió o no el vicio de trámite que mantiene en vilo a más de 33 millones de colombianos.
