La Corte Constitucional de Colombia, en una decisión unánime tomada por sus nueve magistrados durante una sesión plenaria el 26 de febrero de 2026, optó por inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el decreto 0639 expedido por el presidente Gustavo Petro el 11 de junio de 2025, el cual convocaba una consulta popular para debatir la Reforma Laboral. Esta resolución se fundamentó en la sustracción de materia, dado que el decreto fue derogado apenas trece días después, el 24 de junio de 2025, una vez que la Reforma Laboral fue aprobada en el Congreso de la República.
La ponencia a cargo del magistrado Jorge Enrique Ibáñez inicialmente planteaba declarar la ilegalidad del decreto pese a la ausencia de objeto, pero la Sala Plena prefirió no avanzar en el estudio por considerar que la derogación había eliminado la controversia central. El procurador general, Gregorio Eljach, respaldó esta posición al argumentar que no existía ya un objeto material sobre el cual recayera un pronunciamiento, ya que la Corte es competente solo para normas vigentes o con efectos jurídicos pendientes.
Contexto de la controvertida Reforma Laboral
La Reforma Laboral había sido rechazada inicialmente por la Comisión Séptima del Senado, lo que llevó al gobierno de Petro a defender el decreto mediante una «excepción de inconstitucionalidad». Sin embargo, tras una apelación, el proyecto fue aprobado en el Congreso, haciendo innecesaria la consulta popular. El debate también giró en torno a las competencias: mientras el Consejo de Estado analiza el aspecto administrativo, la Corte Constitucional se centra en la participación ciudadana, y el expediente permanece abierto en el Consejo para una posible acumulación de procesos.
«Tampoco existe objeto material sobre el cual pueda recaer un virtual pronunciamiento de dicha Corporación, por cuanto esta ‘es competente para adelantar el juicio de constitucionalidad sobre normas que se encuentran vigentes o que, si no lo están, se encuentren produciendo efectos jurídicos o tengan el potencial de entrar en vigor’».
Gregorio Eljach, procurador general
«No se cumplen en el caso bajo estudio, en el cual la derogatoria obedeció a la aprobación de iniciativas legislativas que abordaban de manera integral los asuntos que se iban a someter a consideración del pueblo mediante el mecanismo de consulta popular, tornándola innecesaria».
Gregorio Eljach, procurador general
Esta inhibición unánime cierra un capítulo en la disputa legal alrededor del decreto presidencial, aunque deja pendientes discusiones en otras instancias judiciales, reflejando las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo en la implementación de reformas clave para el país.
