La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia convocará a finales de marzo una sesión clave para debatir la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis sobre el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro decretó el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Este decreto fue suspendido temporalmente el 29 de enero, mientras se realiza la revisión de fondo, en un contexto marcado por el hueco fiscal generado por el hundimiento de la reforma tributaria destinada al presupuesto de 2026. La decisión inminente definirá la constitucionalidad del decreto y afectará la continuidad de la emergencia, la validez de medidas para compromisos financieros, el pago de sentencias judiciales, el sistema de salud y otras políticas urgentes.
En el Auto 247 de 2026, la Corte rechazó la recusación presentada por la Presidencia de la República contra siete magistrados, al no cumplir con los requisitos procesales exigidos, permitiendo que la Sala Plena, integrada por Lina Marcela Escobar Martínez, Paola Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Héctor Alfonso Carvajal Londoño, Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo Assis y Vladimir Fernández Andrade, continúe con el estudio de pruebas, conceptos y recursos presentados. La Procuraduría General de la Nación solicitó la exequibilidad parcial del decreto, específicamente respecto a los hechos relacionados con la garantía del aseguramiento en salud derivada de la equiparación de la unidad de pago por capacitación.
Postura de la Procuraduría sobre el sector salud
La Procuraduría enfatizó que las afectaciones al sector salud provienen de décadas atrás, con todos los gobiernos obligados a cumplir órdenes de la Sentencia T-760 de 2008, agravadas por factores como la inversión de la pirámide poblacional, la ampliación del catálogo de enfermedades raras, el incremento de costos por innovación tecnológica y el deterioro de la sostenibilidad financiera. Optimizar la prestación del servicio, según el Ministerio Público, contribuirá a garantizar derechos fundamentales como la salud y una vida digna para pacientes, familias y redes de cuidado, con resultados en la disminución de quejas, acciones de tutela y un uso adecuado de recursos.
«Por las razones expuestas, la Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional que declare la EXEQUIBILIDAD del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, ‘por el cual se decreta el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional’, únicamente respecto de los hechos y consideraciones relacionados con la garantía del aseguramiento en salud producto de la equiparación de la unidad de pago por capacitación.»
Procuraduría General de la Nación
«Es cierto que las afectaciones al sector salud datan de varias décadas atrás y que todos los gobiernos de turno se han visto convocados al cumplimiento de órdenes proferidas con ocasión de la Sentencia T-760 de 2008.»
Procuraduría General de la Nación
Esta sesión de la Corte Constitucional marca un punto de inflexión para las finanzas públicas y el sistema de salud colombiano, donde la decisión de fondo podría validar parcialmente medidas urgentes o declarar su inconstitucionalidad, impactando directamente la gestión del gobierno de Gustavo Petro ante los desafíos presupuestales del próximo año.
«Optimizar la prestación del servicio de salud sin duda contribuirá a garantizar los derechos fundamentales de las personas, con énfasis en el derecho a la salud y a la materialización del derecho a una vida digna, tanto del paciente como de sus familias y redes de cuidado.»
Procuraduría General de la Nación
«Tendrá resultados notorios en la disminución de quejas interpuestas por parte de los pacientes, acciones de tutela y el uso adecuado de los recursos.»
Procuraduría General de la Nación
