La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el decreto 044 expedido el 21 de enero de 2026, una norma central en el manejo de la emergencia económica que atraviesa el sector energético del país. Esta medida, adoptada mientras el alto tribunal analiza la constitucionalidad del decreto, genera un impacto inmediato en las estrategias diseñadas para enfrentar la crisis en el suministro eléctrico, particularmente en regiones vulnerables como el Caribe.
El decreto forma parte de un paquete de normas destinadas a mitigar la emergencia económica en el sector energético, e incluye obligaciones tributarias y operativas clave para estabilizar la operación de las empresas del ramo. Su suspensión provisional deja sin efecto estas disposiciones, lo que introduce incertidumbre en la financiación y el funcionamiento diario de compañías como Air-e, beneficiaria directa del esquema normativo ahora paralizado.
Incertidumbre en la región Caribe
En el contexto de una marcada vulnerabilidad en el suministro eléctrico de la región Caribe, la decisión de la Corte Constitucional agrava las preocupaciones sobre la continuidad de los servicios básicos. Empresas como Air-e, que dependen de estos mecanismos para operar en zonas críticas, enfrentan ahora desafíos adicionales en medio de la crisis energética que afecta a Colombia, obligando a replantear estrategias de corto plazo mientras se resuelve el fondo del asunto constitucional.
Esta suspensión provisional subraya la tensión entre la urgencia de medidas ejecutivas y el control judicial sobre su legalidad, dejando al sector energético en un limbo operativo que podría prolongarse hasta que la Corte emita su fallo definitivo sobre la norma.
