La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el pago de la segunda cuota del impuesto al patrimonio, decretado por el Gobierno nacional ante la emergencia económica generada por las inundaciones en Córdoba, lo que representa un alivio significativo para más de 90 universidades privadas asociadas a la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun). El fallo, anunciado recientemente, evita que estas instituciones deban desembolsar unos 70.000 millones de pesos en mayo, según reveló Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun, quien destacó que el sector ya había pagado entre 60.000 y 70.000 millones en la primera cuota, utilizando recursos destinados originalmente a matrículas.
Este impuesto al patrimonio surgió como medida para atender la crisis en Córdoba, una región profundamente afectada por las inundaciones que todos los colombianos presenciamos, pero la Corte identificó que el monto exigido por el Gobierno no estaba suficientemente sustentado y superaba lo necesario para la emergencia, evaluando su proporcionalidad. Gracias a esta suspensión, las universidades podrán priorizar la contratación de docentes, la adquisición de materiales y el mantenimiento de infraestructura, asegurando la continuidad de operaciones y servicios académicos en un contexto de dificultades financieras.
Un respiro financiero para la educación superior privada
Óscar Domínguez calculó que el monto total estimado para el sector asciende a 140.000 millones de pesos, una cifra que, aunque pequeña en relación con los objetivos globales del Gobierno, tiene un impacto significativo en la sostenibilidad de la educación superior privada. El directivo enfatizó que esta decisión judicial brinda un respiro financiero considerable a las más de 90 instituciones asociadas a Ascun.
«Desde la asociación de las más de 90 instituciones de educación superior, calculamos unos ciento cuarenta mil millones de pesos».
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la devolución de la primera cuota ya abonada, ya que Domínguez indicó que aún no se conocen los textos específicos del fallo, solo los anuncios de prensa, y se espera cómo se reglamentará esa eventual restitución. Además, las universidades que declararon sin pagar enfrentan intereses de mora, mientras la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha realizado visitas y fijado plazos para respuestas, generando expectativas sobre sanciones y el futuro de los fondos consignados.
«No conocemos los textos específicos, apenas los anuncios de prensa, pero entenderíamos que, tras la suspensión de la próxima cuota en mayo, habrá que esperar cómo se reglamenta la eventual devolución de esos recursos».
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun
«La Corte hace una tarea muy importante identificando que el valor que solicita el Gobierno no está sustentado. Está pidiendo mucho más de lo que se necesita realmente para atender la emergencia».
Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascun
Domínguez reconoció la justificación del impuesto en el caso de Córdoba, pero valoró la intervención judicial como un equilibrio necesario. Esta suspensión provisional no solo alivia la presión inmediata sobre las universidades privadas, sino que abre el debate sobre la proporcionalidad de medidas fiscales en emergencias, mientras el sector espera claridad jurídica para planificar su futuro operativo.
