La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional emitió un nuevo exhorto al Congreso de la República para que tipifique como delito la difusión no consentida de fotografías y videos de carácter íntimo, al constatar que persiste un vacío legal que deja en estado de indefensión a las víctimas de violencia digital en Colombia. El alto tribunal tomó esta determinación al resolver una acción de tutela presentada por una mujer cuya expareja sentimental y la actual pareja de este la amenazaron con divulgar contenido privado que ella produce como parte de su actividad económica lícita. En la sentencia, la Corte declaró la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y de su hija menor de edad, ordenando medidas de protección inmediatas.
La decisión, adoptada durante el estudio de la tutela, establece que la vulneración de derechos se materializa desde el momento mismo de la obtención no consentida del material, su simple tenencia por parte de un tercero y, de manera particular, cuando median amenazas de divulgación. La Corte fue enfática al señalar que “una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos de otra persona, sino de la eliminación de esa posibilidad”. Este es el segundo llamado que hace el tribunal al Legislativo sobre esta materia, luego del primer exhorto contenido en la Sentencia T-184 de 2026, lo que evidencia la urgencia de cerrar la brecha normativa que existe frente a la violencia sexual y digital en el país.
Medidas de protección y orden a la Fiscalía
Como parte del fallo, la Corte ordenó a los dos hombres involucrados eliminar de manera definitiva cualquier copia del material íntimo que pudieran tener almacenada en dispositivos electrónicos, servicios en la nube, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio, y les prohibió expresamente difundir, reproducir o mostrar dicho contenido a terceros. Además, el alto tribunal determinó que las conductas denunciadas podrían encuadrarse en los delitos de extorsión o constreñimiento ilegal, por lo que ordenó compulsar copias de la actuación a la Fiscalía General de la Nación para que inicie las investigaciones correspondientes. En su argumentación, la Corte subrayó que “el consentimiento, como expresión de la autonomía y la autodeterminación, debe ser claro, inequívoco, específico y permanente, además de revocable”.
«Una vida libre de violencias no puede depender de la contención o de la buena voluntad de quien conserva la capacidad de afectar los derechos de otra persona, sino de la eliminación de esa posibilidad.»
Sala Segunda de Revisión, Corte Constitucional
La accionante, quien produce contenido para adultos como actividad económica lícita, mantenía esta información en reserva para proteger a su hija menor de edad. La Corte también dispuso que la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaboren una guía digital dirigida a prevenir la difusión no consentida de contenido íntimo, como una herramienta de pedagogía y prevención. Con este fallo, la Corte Constitucional reitera su llamado al Congreso para que legisle de manera urgente y cierre el vacío legal que permite que conductas como estas queden sin la debida sanción penal, dejando a las víctimas en una situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia digital y sexual.
