La Justicia de Estados Unidos investiga una extensa alianza entre el régimen venezolano y disidentes de las Farc para traficar cocaína a través del Cartel de los Soles, en el marco de dos procesos judiciales federales por narcoterrorismo abiertos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, el ministro del Interior Diosdado Cabello, el exgeneral Hugo Armando Carvajal conocido como ‘Pollo’ Carvajal, el exgeneral Clíver Alcalá y el cabecilla de la Segunda Marquetalia Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, entre otros altos funcionarios y líderes guerrilleros.
Esta trama internacional de narcotráfico y narcoterrorismo, que se remonta desde 1999 hasta 2020, involucró la colaboración para establecer rutas aéreas y marítimas, la protección armada de cargamentos con varias toneladas de cocaína enviadas hacia Estados Unidos y Europa, y la provisión de armas militares, generando millonarios ingresos por la venta de estos cargamentos desde territorios venezolanos y colombianos controlados por la disidencia.
Traslado de operaciones y alianzas estratégicas
Las investigaciones de la fiscalía estadounidense revelan que los disidentes de las Farc, incluyendo a Seuxis Paucis Hernández alias Jesús Santrich —abatido en Venezuela—, trasladaron sus operaciones guerrilleras a suelo venezolano con el respaldo directo del Estado chavista, forjando alianzas con el Cartel de los Soles y el Cartel de Sinaloa para consolidar rutas de narcotráfico y mantener vivas sus estructuras armadas, bajo órdenes explícitas de Maduro para suministrar armamento militar a los ex-Farc.
Un testigo clave en el caso es Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien fue extraditado a Estados Unidos y colabora con la Justicia al detallar encuentros directos con funcionarios venezolanos, miembros del Cartel de Sinaloa y exlíderes de las Farc, exponiendo nexos de dos décadas que cuestionan la eficacia de las operaciones colombianas contra estas disidencias, las cuales mantienen control de zonas estratégicas para el narcotráfico en la región.
Estas acusaciones no solo afectan la estabilidad regional al evidenciar la protección estatal al crimen organizado transnacional, sino que también resaltan el impacto duradero de estas redes en la seguridad de Colombia y sus vecinos, con implicaciones que podrían redefinir las estrategias antidrogas en el continente.
