La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional constató, durante una inspección judicial realizada los días 26, 27 y 28 de agosto en La Guajira, que la comunidad wayuu de Jojoncito, en Uribia, consume agua de un reservorio superficial con signos de contaminación por heces fecales de animales de corral y microalgas. El hallazgo se produjo en el marco de un recorrido por varios puntos del departamento para verificar las condiciones de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, especialmente en materia de agua, salud y alimentación.
La comisión judicial estuvo liderada por los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot, y contó con el apoyo técnico de Isaac Manuel Romero Borja, docente de la Universidad del Magdalena, quien realizó los análisis de agua, e Iliana Curiel, docente de la Universidad de La Guajira, encargada de la valoración en salud. También participó Rafael Mercado Epieyuu como traductor de wayuunaiki. Durante la inspección, se tomaron muestras del líquido para análisis fisicoquímicos y microbiológicos, siguiendo estrictos protocolos sanitarios, y se entrevistó a las comunidades y autoridades tradicionales.
Hallazgos en salud y alimentación
Además de la contaminación del agua en Jojoncito, la Corte constató fallas en la prestación de servicios de salud. Las comunidades señalaron que las EPS contratadas no realizan el seguimiento adecuado a los casos identificados, y que las vías en mal estado, especialmente en temporada de lluvias, dificultan el acceso a los centros de salud. En materia de alimentación, se reportaron problemas con la cantidad y suficiencia de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Programa de Alimentación del ICBF (MAI), así como dificultades en la caracterización y movilización de los niños hacia las escuelas. Se informó, además, que la continuidad del PAE en Uribia solo está asegurada hasta octubre por razones de sostenibilidad financiera.
Recorrido por el territorio
La inspección judicial abarcó el Resguardo Indígena Wayuu de Perratpu y la comunidad de Romonero, en Riohacha, así como los corregimientos de Jojoncito y Carrizal, en Uribia. En cada punto, los magistrados verificaron las condiciones de la infraestructura de salud y educación, y recogieron los testimonios de las comunidades sobre las dificultades que enfrentan a diario. Las autoridades locales, entre ellas la Gobernación de La Guajira y las alcaldías de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, acompañaron el recorrido, junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Contraloría General y representantes de varios ministerios.
Esta inspección se enmarca en el seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayuu ante la falta de acceso a agua potable, salud y alimentación. La Corte ha emitido varios autos de seguimiento, entre ellos el Auto 1017, de fecha no precisada, que habría dado origen a esta nueva visita. Los resultados de los análisis de laboratorio se incorporarán a un informe que evaluará el cumplimiento de las órdenes de la sentencia y podría derivar en medidas contra las entidades responsables de garantizar estos derechos.
