Corte Suprema acusa a seis congresistas por cohecho en Ungrd y envía a dos a cárcel en Bogotá

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En un duro golpe contra la corrupción política, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente este miércoles 11 de marzo de 2026, en Bogotá, a cinco congresistas en ejercicio y a un excongresista por el delito de cohecho impropio, en el marco de la investigación por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Los implicados son Wadith Alberto Manzur Imbett, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, todos congresistas activos, junto con el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Como parte de la providencia emitida en sesión extraordinaria, se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y a Karen Astrith Manrique Olarte, mientras que los otros cuatro investigados quedaron vinculados al proceso en libertad.

Esta determinación judicial representa un avance significativo en el proceso que indaga presuntas prácticas de cohecho impropio vinculadas a la gestión de recursos en la Ungrd, entidad clave en la atención de emergencias nacionales. La Corte Suprema, a través de su Sala Especial, ratificó las imputaciones contra los seis señalados, consolidando así su participación en el escándalo que ha sacudido al Congreso de la República.

Medidas cautelares y cifras del caso

De los cinco congresistas en ejercicio y el excongresista acusados formalmente, solo dos enfrentan reclusión inmediata en cárcel, lo que evidencia la gravedad que la justicia atribuye a su rol en los hechos. Los otros cuatro, aunque vinculados al proceso, permanecen en libertad mientras avanza la investigación. La sesión extraordinaria de la Sala Especial de Instrucción subrayó la necesidad de garantizar la efectividad de la justicia en un caso que involucra altos funcionarios legislativos y posibles desvíos en la Ungrd.

El proceso judicial continúa su curso con los investigados ya vinculados, en un contexto de mayor escrutinio público sobre la transparencia en entidades estatales. Esta noticia se encuentra en desarrollo, y La Veintitrés Manizales seguirá informando sobre los próximos pasos en esta investigación que podría tener repercusiones amplias en la política nacional.

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