La Corte Suprema de Justicia formalizó la acusación contra el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico y cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El proceso, que reposa en el despacho del magistrado ponente Marco Antonio Rueda, se sustenta en un expediente de 305 páginas donde figuran interceptaciones telefónicas, registros médicos de EPS Sura y Sivigila, y evidencia de un presunto control económico sobre su expareja, Johanna Peláez Botero. La Sala de Instrucción determinó que no hay elementos para atribuir las lesiones a la propia víctima, descartando así la versión de la defensa.
De acuerdo con la investigación, el episodio central ocurrió el 18 de febrero de 2021 en el apartamento 2211 del edificio Aura, en Medellín, donde la pareja convivía. Peláez le informó a Flórez que estaba embarazada y, según su testimonio incorporado en las interceptaciones realizadas entre mayo y agosto de 2023, el senador reaccionó con golpes y le exigió que abortara, advirtiéndole que si no lo hacía se quedaría sola. En esas mismas grabaciones, la mujer relató que entre el sexto y séptimo mes de gestación hubo días en los que no comió, y mencionó que estuvo a punto de suicidarse al sentirse acorralada.
El patrón de violencia y dependencia económica
La acusación incluye violencia física, psicológica y económica. Según el expediente, Flórez habría suspendido entre enero y julio de 2021 la ayuda mensual de 750.000 pesos que le giraba a Peláez, justo durante el embarazo. Además, el alquiler del apartamento donde ella residía, valorado en 1.650.000 pesos mensuales, era presuntamente pagado por dos colaboradores del senador, Juan Sebastián Corrales y Óscar Osorio, quienes luego ingresaron a la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista. La Corte Suprema analiza si esta estructura de contratos y apoyos económicos configuraba un mecanismo de control sobre la expareja. Tras el nacimiento del hijo común, se acordó una manutención de 7 millones de pesos mensuales, un monto que contrasta con la precariedad que Peláez dijo haber vivido durante la gestación.
Paralelamente, la investigación revisó contratos suscritos en febrero y marzo de 2021 con entidades de la Alcaldía de Medellín como el ITM y el Dagrd. Excoordinadores de ambas entidades declararon ante la Corte que no identificaban a Peláez, que desconocían cómo había obtenido los contratos y cuáles eran sus labores, lo que refuerza la hipótesis de que dichos vínculos laborales podrían haber sido utilizados para mantener la dependencia económica de la víctima.
«Álex me pegó el día que le dije que estaba embarazada. Me dijo que tenía que abortar porque me iba a quedar sola. Hubo maltrato físico, psicológico y económico».
Johanna Peláez Botero, en interceptaciones telefónicas incorporadas al expediente
«Yo estuve a punto de suicidarme, de tirarme de un piso 22 con una barriga de embarazada (…). Él es un hombre que te martilla y te martilla la cabeza».
Johanna Peláez Botero, en interceptaciones telefónicas
La retractación y la postura de la Corte
En marzo de 2025, Peláez apareció en un video junto a Flórez retractándose de las acusaciones y atribuyendo la denuncia a intereses políticos. Sin embargo, el tribunal valoró que esta retractación no anula el resto de las pruebas materiales, como las grabaciones y la documentación médica, y la vinculó al ciclo de violencia y a la dependencia económica que habría padecido la víctima. La defensa del senador argumentó que no podía hablarse de violencia intrafamiliar porque no existía convivencia bajo el mismo techo en el momento de los hechos, pero la Corte rechazó ese planteamiento al recordar que la ley no exige convivencia en parejas extramatrimoniales si existe vocación de estabilidad.
Flórez, quien ya enfrentaba una investigación por lavado de activos y falsedad documental, ve ahora agravada su situación judicial. El caso sigue en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que deberá determinar si las pruebas recolectadas son suficientes para elevarlo a juicio.
