Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá, interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia con el objetivo de impedir su extradición a Estados Unidos, solicitada por tres delitos relacionados con el narcotráfico. La solicitud fue presentada después de que tanto el gobierno nacional como la Sala de Casación Penal de la Corte hubieran avalado previamente el proceso de extradición.
El presidente Gustavo Petro firmó la autorización para la entrega del ciudadano colombiano, identificado con cédula de ciudadanía, mientras que autoridades estadounidenses lo requieren para comparecer a juicio por estas imputaciones. Sin embargo, la Corte Suprema emitió un concepto favorable a la tutela en noviembre de 2025, respaldado por el magistrado Gerson Chaverra, quien señaló que la acción no prosperará y ratificó la decisión judicial previa.
Negación de cargos y llamado a solución política
En medio del proceso, Marín Silva ha negado cualquier nexo con el narcotráfico y emitió un comunicado en el que reitera su posición. El caso destaca las tensiones entre las decisiones judiciales y las solicitudes internacionales, con el gobierno colombiano ya habiendo concedido la extradición para que el implicado enfrente las acusaciones en territorio norteamericano.
«Conceder la extradición el ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva, identificado con la cédula de ciudadanía número (…), para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América.»
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Sigo firme en mi propuesta de buscar una salida política al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante.»
Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá
Este desarrollo judicial pone en pausa temporalmente la extradición, mientras se resuelven las implicaciones de la tutela, en un contexto donde tanto el Ejecutivo como el alto tribunal habían respaldado la entrega del requerido por Estados Unidos.
