La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, hacia Estados Unidos y ordenó que el proceso pase al Ministerio de Justicia para definir el paso final, con la precisión de que el Inpec no participará en esa decisión definitiva. El hecho se produjo el 12 de noviembre, miércoles, y actualmente Pipe Tuluá continúa recluido en la Estación de Policía de Mártires, en Bogotá, bajo custodia de la Policía Nacional. En junio de 2023, Marín ya había sido trasladado desde la cárcel de La Picota a la estación de Mártires tras notificarse una orden de captura internacional solicitada por Estados Unidos.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, figura entre los interlocutores del caso junto a Andrés Felipe Marín, líder del grupo La Inmaculada, cuya extradición se sustenta en delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes. Aunque la Corte Suprema ya dio luz verde a la entrega, la autoridad ejecutiva debe definir si se concreta la entrega, y la decisión final recaerá en el Ministerio de Justicia, sin intervención del Inpec en esa etapa final del proceso.
La ruta final de la extradición queda en manos del Ministerio de Justicia
Este marco se enmarca en un contexto de alta incidencia de extradiciones en Colombia, con cifras que señalan entre 30 y 40 casos mensuales y una proporción cercana al 90% remitida a Estados Unidos. En el caso de Pipe Tuluá, se ha establecido que, tras la revisión judicial intermedia, corresponde al Ejecutivo decidir la entrega definitiva. En cuanto al historial de Marín, la justicia colombiana lo condenó en 2023 a treinta años de prisión por 39 homicidios y otros delitos conexos, y entre 2011 y 2017 se le atribuyen 46 órdenes de homicidio, de las cuales 39 se habrían concretado, revelando la magnitud de su influencia en la región.
«Cada mes se están extraditando alrededor de 30 a 40 personas. Salen de Colombia o de La Picota, más bien, a otros países. Casi el 90% son para los Estados Unidos» – Oficial de la Policía Nacional
«Lo que viene ahora es que pasa al Ministerio de Justicia, y ya el Gobierno, en cabeza del ministerio, se encargarán de determinar si sí o no, pero ya es un procedimiento que directamente se encargarían ellos y no el Inpec» – Funcionario de la Corte Suprema de Justicia
En cuanto al contexto necesario, Marín, conocido como Pipe Tuluá, es la figura clave del crimen organizado en el Valle del Cauca y está vinculado a redes de influencia que conectan con la organización La Alianza y con figuras como Henry Loaiza, alias El Alacrán, y Fernando Varón, alias Martín Bala; también se mencionan estructuras asociadas como Los Magos, ABC liderado por Jefferson López alias Monacho, con presencia en prisiones y redes de apoyo internas. Operativamente, la extradición continúa su curso en trámite, con el Ejecutivo asumiendo la última palabra, mientras que el Inpec mantiene la vigilancia de la custodia en la estación de Mártires durante el proceso.
Este caso subraya la dinámica de las extradiciones en el país y la coordinación entre los poderes judicial y ejecutivo para resolver la entrega de individuos solicitados por otros países. Aunque la custodia física del detenido recae en la Policía Nacional, la decisión de entregar a Estados Unidos dependerá del Ministerio de Justicia, que deberá valorar la solicitud y emitir la autorización correspondiente.
