La Corte Suprema de Justicia citó a Deicy Alejandra Jiménez, exfuncionaria del Gobierno Petro de 26 años, para que rinda declaración el próximo jueves 29 de octubre en el marco de las denuncias sobre una presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales que involucran al expresidente Gustavo Petro y a la exsenadora María José Pizarro. La citación fue confirmada por Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado defensor de Jiménez, quien anunció este miércoles 28 de octubre que solicitará medidas de protección para la familia de su cliente ante las autoridades competentes, luego de que, según la defensa, los allegados de la denunciante ya han sido hostigados con el fin de presionarla.
Jiménez, quien saltó a la opinión pública tras una entrevista con la revista Semana en la que afirmó haber recibido contratos públicos luego de encuentros íntimos con Petro, deberá rendir su versión ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, donde además presentará el material probatorio que sustenta sus acusaciones. Los hechos que se investigan se remontan a 2019, cuando Petro ocupaba una curul en el Senado, y también comprometen a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista María José Pizarro, señalada en la denuncia como parte de una red que habría otorgado beneficios contractuales a decenas de mujeres.
La defensa pide protección y la Fiscalía abre indagación
El abogado Caballero Sierra, quien asumió formalmente la representación de Jiménez, publicó una declaración en su cuenta de X y envió una carta a la Fiscalía General de la Nación dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo y al fiscal encargado Gilberto Guerrero, en la que solicita que se llame a declarar a su clienta y se garantice su seguridad. En el escrito, el jurista agradeció a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional por el acompañamiento brindado a la denunciante, pero insistió en que se necesitan medidas adicionales para resguardar a su familia, que ya ha sido objeto de hostigamiento. «Asumo formalmente la representación de Deicy Alejandra Jiménez. Como víctima y denunciante de hechos de extrema gravedad merece toda la protección y todo el acompañamiento para que pueda rendir declaraciones ante las autoridades que la requieran», afirmó Caballero Sierra, quien añadió que su objetivo es «garantizar que pueda contribuir a la administración de justicia y a la Patria denunciando y probando la red criminal de la que es testigo».
«Aquí nadie se amilana. Aquí nadie retrocede»
Andrés Felipe Caballero Sierra, abogado de Deicy Jiménez
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ya había abierto una indagación por los mismos señalamientos, y el fiscal encargado Gilberto Guerrero manifestó que el testimonio de Jiménez debe ser recaudado de manera exhaustiva. La declaración del 29 de octubre se realizará, por tanto, en paralelo al avance de la investigación fiscal, lo que evidencia la magnitud del escándalo que sacude al mundo político colombiano.
Petro y Pizarro rechazan las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro se pronunció de manera tajante frente a las denuncias, calificándolas de ataques contra su vida privada y negando categóricamente los hechos. «Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales», expresó Petro en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, en el que también alertó sobre una supuesta estrategia para desprestigiarlo. Por su parte, la exsenadora María José Pizarro, quien además es una reconocida defensora de los derechos de las mujeres, aseguró que enfrenta por segunda vez en un mes señalamientos sin fundamento: «Cero y van dos. En un mes he tenido que afrontar señalamientos sin fundamento, dentro de una estrategia planeada para acabar moralmente con mi nombre. ¿Cuál es la estrategia? Convertir una mención sin pruebas en una condena social y linchamiento mediático y digital de la prensa sensacionalista al servicio de intereses oscuros, sin sustento ni pruebas».
Pizarro defendió su trayectoria política y su compromiso con las causas sociales, subrayando que «he defendido los derechos de las mujeres no de palabra, sino como causa de vida; esa ha sido, es y seguirá siendo una convicción central de mi ejercicio político. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. No van a borrar lo que soy ni lo que represento con insinuaciones malintencionadas. Mi compromiso con las mujeres y con las causas populares no se negocia». En ese sentido, la exsenadora anunció que acudirá a los estrados judiciales «de ser necesario ante cada afirmación falsa o relación que se haga con mi nombre y mis actuaciones, sin sustento», y advirtió que «ninguna mención puede llevar a asociaciones tendenciosas y construir narrativas acusatorias; ninguna insinuación equivale a una condena. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede confundirse con linchamiento ni con la difusión irresponsable de señalamientos».
El caso promete seguir dando de qué hablar en las próximas semanas, pues la declaración de Jiménez ante la Corte Suprema se perfila como el punto de partida de un proceso que podría involucrar a altas esferas del poder político y que mantiene en vilo a la opinión pública. La defensa ya deja claro que no retrocederá, mientras los aludidos preparan su defensa ante lo que consideran una campaña de desprestigio. La justicia colombiana, por ahora, tiene la palabra.
