La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta López, por el presunto delito de abuso de función pública. La decisión del alto tribunal se enmarca en un operativo ocurrido el pasado 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se incautó un arma de fuego tras información proporcionada por el interno Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá.
De acuerdo con la investigación, la congresista ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en una diligencia que derivó en el hallazgo del arma. La Corte busca determinar si la participación de Zuleta se extralimitó de las funciones que le fueron asignadas como coordinadora del Gobierno nacional en el espacio de conversación sociojurídico con estructuras armadas de Medellín y el Valle de Aburrá, designación que recibió mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Los hechos en La Picota
El operativo se originó tras una alerta sobre un supuesto plan para asesinar dentro de La Picota a Giovanny Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera, quien estaba recluido en el pabellón de extraditables junto con alias Pipe Tuluá. La abogada de este último, Angélica Martínez, informó a la senadora sobre el presunto peligro que enfrentaba alias Araña, lo que motivó el ingreso de Zuleta al penal acompañada del CTI. Videos difundidos por Noticias RCN muestran a la senadora recibiendo el arma que, según las versiones iniciales, habría sido entregada voluntariamente por el interno.
«Observé cómo se lleva a cabo este gesto para proteger la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo»
Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico
La senadora ha defendido su actuación como un «gesto de paz» para proteger la vida de una persona en riesgo, y afirmó que informó al entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre su intervención. Sin embargo, la Corte deberá contrastar las funciones asignadas a Zuleta como facilitadora del proceso de paz con sus actuaciones durante la diligencia en La Picota, donde su presencia directa en el operativo ha sido cuestionada.
Este no es el único proceso que enfrenta la congresista. Zuleta también es investigada por una denuncia de la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sobre chats en los que presuntamente solicitaba allanamientos, traslados y permisos; por el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra de Medellín; y por un evento en una cárcel vinculado a la mesa sociojurídica que dirigía. En un hecho relacionado, 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fueron destituidos por irregularidades en otro evento vinculado a la senadora.
La indagatoria que deberá rendir Zuleta ante la Sala de Instrucción será clave para determinar si su actuación en La Picota constituyó una extralimitación de sus funciones como coordinadora de paz o si, por el contrario, se enmarca dentro de las facultades que le otorgan las resoluciones del Alto Comisionado para la Paz.
