La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa e integrada además por los magistrados Jorge Emilio Caldas y Blanca Nélida Barreto, decretó los testimonios que se practicarán en el juicio contra seis congresistas y excongresistas investigados por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión, contenida en un auto de 667 páginas, incluye la declaración de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Los procesados son Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz, a quienes se les investiga por un supuesto esquema de intercambio de contratos de la Ungrd por respaldo a operaciones de endeudamiento de la Nación en la Comisión de Crédito Público durante 2023.
El tribunal también rechazó las solicitudes de nulidad presentadas por las defensas, que alegaban presuntas vulneraciones de garantías procesales como el juez natural y el traslado de documentos, así como que los conjueces Jesús Alfredo Rey y Javier Fonseca habrían avalado la detención preventiva de Manzur y Manrique sin conocer suficientemente el expediente. Al respecto, la Sala afirmó en la providencia que “cada magistrado o conjuez que integra la Colegiatura, a efectos de la deliberación del proyecto, conoce los aspectos necesarios para decidir y formar autónomamente su criterio. Lo que el ordenamiento no impone es la lectura directa, idéntica y exhaustiva de cada folio del expediente por todos los integrantes: el conocimiento suficiente puede formarse mediante el proyecto, la deliberación y el debate colegiado de los 8 miembros que integraron la Sala”.
Testigos clave y cronograma del juicio
Entre los testigos decretados figuran varias figuras de alto perfil político: además de Carlos Ramón González, están Iván Name y Andrés Calle, ambos expresidentes del Congreso; el exministro Mauricio Lizcano; Jaime Ramírez Cobo, exasesor; Óscar Enrique Cárdenas; y se aceptó el testimonio del actual ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, a solicitud de la defensa de la representante Karen Manrique, por haber integrado la Comisión de Crédito Público en 2023. Asimismo, se ordenó la ampliación de la declaración de José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, quien ha manifestado públicamente que el Gobierno recibió presiones indebidas de integrantes de dicha comisión. La audiencia preparatoria del juicio fue fijada para el martes 20 de octubre de 2026.
La Corte Suprema dejó claro que la decisión de decretar pruebas no constituye una declaración de culpabilidad, y que la responsabilidad penal de los procesados se determinará durante el desarrollo del juicio. El expediente, que ya supera las 667 páginas, recoge las actuaciones de la Sala de Primera Instancia y los recursos resueltos antes de autorizar las declaraciones. La investigación se centra en presuntos acuerdos ilícitos entre los congresistas y funcionarios del Gobierno para obtener contratos de la Ungrd a cambio de votos favorables en la Comisión de Crédito Público, un ente clave para autorizar el endeudamiento nacional.
