La Veintitrés Manizales informa que la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala de Instrucción, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar una posible conducta punible vinculada con la suplantación de identidad del abogado denunciante Óscar Armando Díaz en una denuncia presentada contra el senador Iván Cepeda Castro. La actuación fue comunicada por correo al máximo tribunal el 1 de agosto de 2025, y, según el auto de inadmisión, se identificó que la firma y los datos del denunciante habrían sido atribuidos a Díaz sin su consentimiento.
La denuncia, que inicialmente apuntaba a cuatro delitos relacionados con financiación de campañas con fuentes prohibidas, concierto para delinquir, lavado de activos y traición a la patria, fue desestimada por la Sala de Instrucción por falta de sustento. En paralelo, Cristina Lombana, magistrada autora del auto de inadmisión, consignó que los señalamientos no estaban debidamente precisados en cuanto a tiempo, modo y lugar, lo que llevó a la Corte a ordenar la pesquisa sobre la posibilidad de suplantación de identidad y, a la vez, remitir copias a la Fiscalía para la investigación correspondiente.
El expediente también señala que la identidad suplantada corresponde a Óscar Armando Díaz, quien en otros trámites aparece registrado como Armando Díaz Naranjo. A la luz de los hechos, el caso incluye menciones públicas sobre Álvaro Uribe Vélez en la denuncia original y se registra una segunda mención de la suplantación en un proceso contencioso administrativo vinculado a Cepeda. El Consejo de Estado había rechazado una acción judicial relacionada por formalidades, lo que coloca al caso en un marco institucional complejo.
Contexto y alcance del caso
Entre los antecedentes se halla una denuncia contra Cepeda por supuestos delitos ligados a financiamiento ilícito, concierto para delinquir, lavado de activos y traición a la patria; la defensa del senador sostiene que pertenecer a ciertos grupos no configura delito y que no existen pruebas concluyentes de vínculos con narcotráfico o terrorismo. La Corte Suprema desestimó la denuncia por falta de sustento y, al mismo tiempo, ordenó investigar la posible suplantación de identidad y remitir copias a la Fiscalía. En paralelo, se registró una segunda mención de la suplantación en un proceso contencioso administrativo vinculado a Cepeda, lo que amplía el marco de investigación y la atención pública sobre la seguridad de las identidades en estas actuaciones.
«por medio de un derecho de petición conoció la existencia de esta actuación en la que aparece como denunciante, pese a que nunca presentó dicha delación, por lo que resultaba claro que su identidad había sido suplantada» – Óscar Armando Díaz
El auto de inadmisión, citado en el expediente, distingue que, si bien el denunciante afirmó que Cepeda podría haber incurrido esos delitos, los señalamientos carecen de sustento fáctico y probatorio por la falta de precisión temporal y espacial. De forma más amplia, el auto subraya que pertenecer al Foro de Sao Paulo o a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso no configura delito, y que no existe evidencia suficiente para sostener que Cepeda haya gestionado recursos ilícitos o haya concertado con terroristas o narcotraficantes internacionales para favorecer ciertos liderazgos en Latinoamérica, mucho menos que haya sido determinante de la crisis en el Catatumbo durante su labor de negociador de paz.
La decisión de la Corte y la remisión de copias a la Fiscalía abren la vía para esclarecer posibles responsabilidades penales por suplantación de identidad, mientras continúa la investigación sobre Cepeda por otros motivos. En conjunto, el caso mezcla dimensiones políticas, jurídicas y de transparencia, y plantea un escrutinio sobre la integridad de las actuaciones judiciales y la protección de las identidades en procesos de denuncia política.
