La Corte Suprema de Justicia de Colombia revocó la absolución dictada por el Tribunal Superior de Bogotá y restableció la condena de 18 años de prisión contra Jhon Carliones Pérez Domínguez por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales agravados con una menor de 14 años. La decisión, firmada el 12 de noviembre de 2025, corrige un fallo absolutorio emitido en julio de 2021 y devuelve vigencia a la sentencia de primera instancia del Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá, proferida en noviembre de 2020, tras la impugnación vía casación presentada por la Fiscalía.
Los abusos ocurrieron entre 2014 y 2015 en Bogotá, durante la convivencia de Pérez Domínguez con la madre de la víctima y sus dos hijos, incluyendo a la menor nacida en 2006. La denuncia se presentó en 2016, y los hechos incluyeron penetraciones anal y vaginal, tocamientos y reiteración de conductas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema anuló el fallo del Tribunal Superior por errores graves en la valoración de pruebas, como la inadecuada apreciación de la credibilidad de la víctima, la exclusión de la admisibilidad de sus declaraciones previas y una errónea aplicación de la ley.
Errores judiciales que llevaron a la revocación
La Fiscalía argumentó con éxito que el Tribunal Superior cometió un error de derecho al descartar la entrevista y la anamnesis de la menor como prueba de referencia, ignorando la persistencia y consistencia en los relatos de víctimas de abuso sexual infantil, cuya especial confiabilidad debe ser considerada. Esta decisión restablece la responsabilidad penal de Pérez Domínguez e impone no solo los 18 años de prisión, sino también la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo término.
“La Fiscalía puede optar por la forma de introducción de la versión de la víctima que considere más adecuada. Ello, ante la eventualidad de que la declaración rendida por la víctima por fuera del juicio oral sea contraproducente para su teoría del caso”
Corte Suprema de Justicia de Colombia, fallo
Este fallo representa una corrección significativa en el proceso judicial y subraya la importancia de una valoración rigurosa de las pruebas en casos de violencia sexual contra menores, garantizando que la justicia prevalezca ante posibles fallos en instancias inferiores.
