La Corte Suprema de Justicia, Sala de Juzgamiento, impuso una condena de 23 años de prisión al senador del Centro Democrático Ciro Ramírez por su participación en una red de corrupción conocida como «Las Marionetas 2.0», que manipuló recursos en contratos ilícitos del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el Gobierno Duque entre 2020 y 2022. El fallo se centra en el contrato interadministrativo 670 de 2021, por un valor de 48.660 millones de pesos, firmado con la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta Quindío, y en el reparto de sobornos por un billón de pesos. Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector del DPS desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025, reaccionó el 25 de marzo de 2026 destacando que aún no se rastrea el destino de más de dos billones de pesos en convenios firmados en esa época.
La condena a Ramírez surge de un acuerdo criminal con Pablo César Herrera, asesor de Proyecta Quindío, y Pierre García Jacquier, exsubdirector del DPS, quienes se reunieron el 13 de octubre de 2021 para asignar ilícitamente el contrato días antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías. Esta red operó con influencias en departamentos como Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Tolima, donde se manipulaban recursos públicos antes de las licitaciones formales. Bajo la gestión de Bolívar en el DPS, la entidad fue reconocida como víctima de estos hechos.
Denuncia sobre fondos desaparecidos
Bolívar enfatizó la necesidad de esclarecer el paradero de esos dos billones de pesos en convenios del Gobierno Duque, cuya información sigue sin aparecer en los registros. El Centro Democrático, partido de Ramírez, anunció que el senador ejercerá su defensa legal, mientras que en 2025 la Sala de Instrucción de la Corte Suprema no abrió investigaciones contra otros senadores como Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa por falta de pruebas.
«Aún falta que la justicia nos diga qué pasó con más de dos billones en convenios que firmó el gobierno Duque, cuya información aún no aparece».
Gustavo Bolívar, exdirector del DPS
«No debería ser Centro Democrático, sino Centro de detención».
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara
Este fallo reciente representa un golpe significativo contra la corrupción en el DPS y abre interrogantes sobre la magnitud de la red «Las Marionetas 2.0», que compromete dádivas por un billón de pesos y contratos millonarios adjudicados de manera irregular, dejando un precedente para futuras investigaciones en el sector público colombiano.
