La Corte Suprema de Justicia de Colombia impuso una condena de 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez el pasado 25 de marzo de 2026, por su responsabilidad en el desvío de cerca de 90.000 millones de pesos de recursos del Departamento de Prosperidad Social, destinados a irregularidades en la contratación de obras públicas entre 2020 y 2022. El fallo se centra en un acuerdo criminal que involucró a Ramírez junto con Pablo César Herrera, asesor de la firma Proyecta; Pierre García, exsubdirector del DPS; Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, líder de una red de influencias; y el empresario Anderson González González, mediante el cual manipularon la adjudicación de contratos de obras e interventoría a través del contrato interadministrativo 670 de 2021, suscrito por un valor de 48.660 millones de pesos entre el DPS y Proyecta.
Los hechos ocurrieron en departamentos como Quindío, Caldas, Santander y Tolima, afectando municipios como Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, donde se asignaron proyectos de manera predeterminada a personas y empresas seleccionadas de antemano. Este esquema incluyó sobornos por un billón de pesos y la repartición ilícita de obras, con el objetivo de consolidar estructuras de poder político en esas regiones. El contrato se firmó entre las semanas 8 y 12 de noviembre de 2021, tras una reunión clave el 13 de octubre de ese año, y se basó en un previo de gerencia entre Proyecta y el DPS. Entre los contratos derivados destacan los de Saldaña y Quindío Varios, adjudicados a la red de Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, así como obras en los mencionados municipios entregadas a empresas ligadas a Anderson González González.
Origen en el escándalo Las Marionetas 2
El caso se originó en 2021 con un pacto entre Pablo César Herrera y Ciro Ramírez, como parte del mayor escándalo conocido como Las Marionetas 2. Aunque en 2025 la Corte Suprema decidió no investigar a los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa por falta de pruebas, el fallo contra Ramírez representa una confirmación definitiva de su culpabilidad en estas prácticas corruptas.
“no existe ningún medio de prueba que demuestre la vinculación de los aforados”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción
“de los medios de prueba practicados y recaudados… no existe evidencia alguna de que los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos, hubieren ejecutado la conducta punible investigada por lo cual se proferirá decisión inhibitoria con respecto a ellos”
Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción
Esta sentencia no solo cierra un capítulo en la lucha contra la corrupción en el manejo de recursos públicos para obras de infraestructura, sino que subraya los riesgos de los contratos interadministrativos en entidades como el DPS, donde la opacidad facilitó el desvío masivo de fondos destinados al bienestar social en regiones clave de Colombia.
